El domingo 12 de julio del presente año, el Presidente de la República nos informa que a partir del 27 de julio podría iniciarse por etapas la “nueva normalidad”, para ello diseñaron un esquema que contendrá cuatro colores: el rojo –alerta máxima– (25 casos por cada 100 mil habitantes), anaranjado –alerta alta– (15 a 24 casos por cada 100 mil habitantes), amarillo –alerta moderada– (5 a 14 casos por cada 100 mil habitantes) y verde –nueva normalidad– (menos de 5 casos por cada 100 mil habitantes). No hizo referencia a ningún protocolo, por lo que no hay mucha claridad sobre cómo se implementará este transitar hasta llegar a la “nueva normalidad”; aunque si dijo que a partir del 15 del presente mes explicará cómo será este nuevo modelo.
Luego de las declaraciones dadas por el mandatario, las dudas razonables han aflorado en el país, especialmente porque nunca imaginamos alcanzar 30 mil casos de personas afectadas; 1,244 muertes y apenas 4,321 recuperados, al día 14 de julio.
Las reacciones han sido diversas, en artículos de prensa algunas personas consideran que “los requisitos para abrir actividades son ambiciosos, que tomará tiempo llegar a ellas y se tendrá que ir por etapas”. También les preocupa que los departamentos de máxima alerta (rojo) representan el más alto porcentaje del PIB (65.43%), en contraste con los departamentos de alerta moderada (amarillo), que representan 23.34% del PIB. No hay ningún departamento en color verde en donde se inicie la nueva normalidad.
Otras personas ven positivo que en 241 municipios podría iniciarse la nueva normalidad, porque en estos hay comercio de diverso tipo que podría dinamizar comunidades, siempre que existan protocolos serios de seguridad para la salud de los trabajadores y la población en general de esos departamentos.
Por otro lado, están quienes se preocupan porque se eliminaron las barreras interdepartamentales y consideran que esta medida puede propagar más el virus. sobre todo, porque los datos que se tienen son departamentales y no municipales, es decir, no sabemos con certeza cuáles municipios son los más afectados o que zonas. Se ha dicho por parte del presidente que esto es para evitar que existan abusos contra los afectados por el temor de los vecinos de la localidad a contraer el virus.
Como ciudadana, considero que deben existir condiciones mínimas la implementación de esas etapas, y para esto se requiere:
a. Tener certeza del número real de personas afectadas por la pandemia de COVID-19;
b. Lugar donde pueden estar los focos de la misma;
c. Que las pruebas sean seguras (PCR y Antígenos, según expertos no tienen la misma certeza);
d. Incrementar el número de pruebas (mínimo 5,000 diarias).
e. Habilitar al 100% el Laboratorio Nacional (no está funcionando a su capacidad total por diversas causas);
f. Apoyo de laboratorios privados y de las universidades en general.
g. Agilizar las compras de red hospitalaria (oxigeno, camas, mascarillas, medicinas, etc.);
h. Pago de salarios a médicos y personal de salud;
i. Efectividad en la dotación de los 10 programas sociales, cuya ejecución está así: bono de riesgo personal de salud 2.50%, bono familia 12%, adulto mayor 2.10%, bono de apoyo comercio popular 35%, fondo de crédito para capital de trabajo 48.70%, , fondo de protección al empleo 6.30%, y alimentación escolar 72% . Del programa dotación alimentaria no hay datos, al igual que subsidio a la energía eléctrica y caja “saldremos adelante”
j. Entrega de la bolsa de alimentos;
k. Revisar seriamente el seguro privado comprado para la niñez en edad escolar (200 millones), de los cuales no hay certeza que llegue a los beneficiarios, no se conoce el nombre de la aseguradora, ni el lugar donde se encuentra;
l. Legislación que brinde apoyo al emprendimiento y desarrollo económico, especialmente para economía informal, cooperativas y remesas (que lejos de disminuir van al alza.);
m. Darle herramientas a la comisión contra la corrupción para hacerla efectiva y que verdaderamente luche contra la corrupción y por la transparencia en todas las adquisiciones de bienes y servicios que se realicen en función de la lucha contra el Covid19.
No podemos seguir, con que solamente se ha ejecutado 6.5% de Q266.8 millones, en el hospital del Parque de la Industria, o que no hay medicamentos. Tampoco con que se “analizan la posibilidad” de comprarlos con organismos internacionales cuando es lo que está en la Ley de Contrataciones, (en aras de evitar los monopolios y agilizar procesos). Así difícilmente avanzaremos. Frente a esta radiografía de país surgen las preguntas: ¿Qué pasa con esas unidades ejecutoras?, ¿no están preparadas?, o ¿qué hay atrás de toda ésta pésima ejecución?
Se tiene que ser objetivo, ya que no solo en el Ministerio de Salud se ven estos bajos niveles de ejecución presupuestaria, recordemos que se trasladaron millones adicionales del presupuesto ordinario a ministerios con función social, para que ayudaran a paliar la crisis de COVID-19, algunos de varios ejemplos son: MIDES (Q.350 millones ejecución: 0%), MAGA (Q.400.millones ejecución: 0%), MINTRAB (Q.50 millones ejecución: 5.2% ). Todos son programas esenciales de apoyo alimentario, agricultura campesina, etc., que, si no se han ejecutado, están afectando el área rural y al más pobre.
Estas son algunas de las condiciones esenciales a cumplirse, que, desde mi perspectiva ciudadana, podrían aminorar el impacto del COVID-19 al iniciar la denominada reapertura. No hacerlo es lanzar a la población al agua sin salvavidas.
