El próximo 14 de abril deberán tomar posesión los nuevos magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) para el período 2021-2026, pero antes de que tomen posesión se espera un proceso de elección convulso, puesto que quienes conforman el “Pacto de Corruptos” buscarán a toda costa capturar la más alta corte del país.
Desde el 14 de enero se abre el proceso para que las cinco instancias electoras celebren sus votaciones para elegir a los nuevos magistrados constitucionales. El Congreso de la República, la Corte Suprema de Justicia, el Colegio de Abogados, la Universidad de San Carlos y el Organismo Ejecutivo serán los encargados para nombrar 10 magistrados, cinco titulares y cinco suplentes, que se encargarán de impartir justicia en la CC.
Es importante recordar que desde hace más de tres años la Corte de Constitucionalidad ha estado bajo un constante ataque de los grupos pro impunidad que han querido minar la credibilidad de los actuales magistrados.
Desde que la CC evitó la expulsión del entonces jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Iván Velásquez, el acoso y persecución contra los jueces constitucionales ha sido constante.
Esos ataques y la insistencia por controlar la CC lograron que el abogado Roberto Molina Barreto llegara otra vez a la Corte como Magistrado titular en sustitución del Magistrado Neftaly Aldana, quien por sus condiciones de salud tuvo que dejar la magistratura.
Molina Barreto ha sido uno de los Magistrados cuestionados durante su paso por la CC, por las resoluciones a favor de la impunidad y la corrupción.
Ahora es importante prestar atención a esos entes electores para que sea una selección trasparente y pública de los candidatos que se pretendan elegir, y no un proceso oscuro donde se siga premiando la impunidad y la corrupción.
Los ciudadanos exigimos transparencia en la elección de los nuevos magistrados de la CC porque debemos tener una justicia que nos garantice certeza en todo, que no sea por conveniencia o por intereses, sino que sea imparcial e independiente. Esto con el objetivo de que el Sistema de Justicia Constitucional no pierda credibilidad, sino más bien tenga una seguridad jurídica fortalecida.
El Estado de Derecho requiere de autoridades idóneas que garanticen el irrestricto respeto a la Constitución y que cumplan con el artículo 113 constitucional, algo que urge para detener el sistema de impunidad que impera en el país, por eso es que es un año clave para la justicia constitucional en Guatemala.
Nuestro país necesita de un sistema de justicia donde se premie la honorabilidad y la honradez, en el que se garantice la transparencia y la imparcialidad, por eso es momento de tener jueces sin intereses y capaces de velar por una verdadera justicia.
