La crisis en Salud que enfrentamos a causa de la pandemia por la COVID-19, ha puesto de manifiesto la debilidad institucional que siempre hemos tenido los guatemaltecos, a causa de Gobiernos y sobre todo de funcionarios corruptos que han velado únicamente por sus intereses y no del derecho a la salud.
La pandemia ha desnudado la debilidad del sistema de salud y de la red hospitalaria que siempre ha estado en trapos de cucaracha, porque no se han aprovechado los recursos económicos para una verdadera inversión que en estos momentos ayudaría a muchos a sobrellevar esta enfermedad de una mejor manera.
Pero los guatemaltecos no solo nos enfrentamos a esta crisis, también estamos viendo el debilitamiento de la justicia y el ataque a la independencia judicial, gestada desde el seno del Congreso y de la propia Corte Suprema de Justicia.
Estos dos Organismos de Estado han estado socavando lo poco que ha quedado en el combate a la corrupción y la impunidad en nuestro país, atacando a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad y ahora la independencia judicial de la jueza de Mayor Riesgo D, Erika Aifán, so pretexto de abuso de autoridad.
Ahora vemos como todos aquellos actores que se vieron descubiertos en delitos de corrupción, empresarios, políticos, funcionarios y particulares que hacían que esa práctica fuera normal, aplauden esos ataques contra quienes nos han ayudado a mantener esta débil democracia.
Organizaciones de la sociedad civil han solicitado tanto al presidente Alejandro Giammattei como a la Fiscal General, Consuelo Porras, pronunciarse en contra de esta crisis constitucional en la que nos ha metido el Congreso por desobedecer las órdenes de la Corte de Constitucionalidad y la Corte Suprema de Justicia por darle trámite a un antejuicio a todas luces espurio.
Sin embargo, el primero en zafar bulto fue el propio presidente Alejandro Giammattei, al asegurar que la crisis que se vive en el país producto del ataque a la Corte de Constitucionalidad, no es problema del Ejecutivo, pues se trata de un lío judicial.
Con esta actitud está claro el dicho que dice que “no se le puede pedir peras al olmo”, pues Giammattei en lugar de defender la institucionalidad y el Estado de Derecho, lo que hace es lavarse la manos como Poncio Pilatos.
Triste pero cierto, aquel que juró defender la Constitución Política de Guatemala, hoy le da la espalda al máximo tribunal de la defensa del orden constitucional.
No digamos el actuar de la Fiscal General, Consuelo Porras, que con la actitud pasiva que la ha caracterizado no ha movido un solo dedo para deducir las responsabilidades contra quienes nos tienen metidos en esta crisis.
Como ciudadanos exigimos que se defienda a la Corte de Constitucionalidad y la independencia judicial, y que no se permita un retroceso de los avances logrados. Guatemala necesita una institucionalidad fuerte que no se construye lavándose las manos o siendo vigilantes.
