Los guatemaltecos esperamos 18 años para que hubiera un censo de población. Así que, durante todo este tiempo hemos estado sin saber cuántos somos, como estamos y donde estamos. Se inició el proceso de preparación del mismo en año 2016. Finalmente, del 23 de julio al 5 de septiembre del 2018, se recolectaron los datos: 96% del total de hogares se visitaron según informe del INE, entre los datos a recabar se enfatizó en perfiles de los 22 departamentos y de los 340 municipios con información demográfica (hombres, mujeres, grupo etario etc.), educación, empleo y migración, características de las viviendas y de los hogares, la proyección de población y mapas actualizados de pobreza, así como un atlas censal con información de la totalidad de municipios.
El costo del mismo fue de Q348.2 millones. Luego de un año de espera, el 17 de septiembre del año 2019 se da un informe del censo (que se dijo era preliminar) y se determinó que éramos 14,901,286 guatemaltecos, de los cuales el 48.5 por ciento son hombres y 51.5 por ciento son mujeres.
Hubo críticas y suspicacias sobre los datos proporcionados, debido a que el Registro Nacional de las Personas (Renap) reportó en septiembre de 2019, 20 millones 247 mil 815 guatemaltecos, de los cuales el 50.10% son hombres, y el 49.90%, mujeres. Por otro lado, las proyecciones de población del INE, basadas en el censo del 2002, indicaban que en el país habría para ese periodo aproximadamente 17 millones de personas.
Se dio mucha inconformidad con esta información y de esa cuenta al no ser referente, se siguió usando la única base de datos completa de censo, que es la del año 2002.
Al surgir sorpresivamente la pandemia del COVID-19, el gobierno tuvo que tomar algunas medidas ingentes para la contención de la pobreza que se agudizó con esta enfermedad que afectó al mundo y lo obligo al distanciamiento social. En Guatemala se crearon 10 programas sociales para paliar el hambre que afecta al más vulnerable, pero ¿cuál fue la base de datos usada? Obviamente al ser datos preliminares los del año 2018 y luego de dudas en el ambiente; el propio Ministerio de Salud ha tenido que admitir que se basan en datos de hace 18 años, de esa cuenta las mismas autoridades aceptan, “que cuanto más lejos de la base, menos precisos son los datos.” Esto quiere decir que lo programas sociales creados tampoco tiene una base real de los beneficiarios. Evidentemente en casi dos décadas muchas circunstancias han cambiado en el país, empezando por el número de habitantes y siguiendo con las condiciones socioeconómicas. Esto podría implicar que se están quedando fuera del beneficio de estos programas muchas personas que para cuando se hizo el último censo no habían nacido.
Con precariedad en la ejecución, ya se han hecho entregas dinerarias y de otro tipo que, según el gobierno, entre los 10 programas beneficiaran alrededor de 11 millones de personas, por lo que esos listados deben revisarse y apoyarse en los últimos datos que tan solo el 20 de agosto de éste año ha entregado el INE. Porque es casi un hecho que podrían no estar llegando al más pobre, ya se han evidenciado casos de personas que no requieren apoyo recibiendo el beneficio del bono familia.
Así que exhorto a las autoridades de las entidades que están proporcionando estos beneficios a ver el mapa de pobreza actualizado y ubicar, en base a ello, a las personas que sobreviven en condiciones de profunda desigualdad, porque si la pobreza era de 51.2% en 2006 y de 59.3% en 2014, imagínenos como estarán en este año 2020 esos porcentajes; de la implementación equitativa de estos beneficios depende mucho evitar más pobreza en el futuro y con ello más inconformidad.
