“Los cuatro años de ignorar la corrupción bajo la administración Trump se acabaron”, este fue el contundente mensaje que Juan González, Asistente Especial para el presidente Joe Biden y Director Principal del Consejo Nacional de Seguridad para el Hemisferio Oeste, dio la semana pasada, reafirmando la lucha contra la corrupción de parte de los Estados Unidos en Guatemala.
Para muchos, este mensaje les cayó como un balde de agua fría, que iniciaron de nuevo con el discurso sobre la defensa de la soberanía, pero ya todos conocemos ese juego perverso que utilizó Jimmy Morales para entorpecer la lucha contra la corrupción y en defensa únicamente de los pícaros como él.
Esos personajes que pedían defender el país y levantaban la bandera de la soberanía no dijeron ni pío, cuando el entonces ministro de Gobernación, Enrique Degenhart, fue a entregar el territorio nacional para convertir a Guatemala en un Tercer País Seguro, ahí estaban complacidos porque con ponerse a los pies de Donald Trump, estaban alcanzado su objetivo de hundir al país en la corrupción.
Aunque siempre se dijo que ese convenio firmado con Estados Unidos era inconstitucional e ilegal por la forma opaca en que se había suscrito, hoy sabemos que teníamos razón y que será a través de una orden Ejecutiva emitida por Biden que le dé fin a ese macabro plan que solo a los ojos de Morales, Degenhart y la excanciller Sandra Jovel era de beneficio para el país.
Estos últimos cuatro años han sido terribles para el país y la lucha contra la corrupción. Según el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC), en el 2020 Guatemala registró nuevo descenso ya que ocupa el puesto 149 de 180 países con 25 puntos y se encuentra dentro de los 5 países más corruptos de América Latina, y el tercero de Centro América.
Con un puntaje de 25 sobre 100, Guatemala refleja una caída significativa en el IPC, ya que en comparación con el año 2012, bajó 8 puntos en el primer año de gobierno de Alejandro Giammattei. Guatemala está dentro de los cinco países considerados más corruptos en América Latina.
Pero por si esto fuera poco en las últimas semanas hemos estado experimentando un socavamiento en la institucionalidad del país, con nombramientos que tienen tintes legales pero que carecen de legitimidad, como es el caso de la apurada juramentación que hizo el Congreso de la República, al juez Mynor Moto, como magistrado titular de la Corte de Constitucionalidad.
Esa juramentación les urgía a muchos diputados y jueces corruptos, para colocar a su alfil en la alta Corte, con el objetivo claro de sepultar la lucha contra la corrupción y la impunidad de una vez por todas, algo que iniciaron hace años.
Es urgente que así como se organizan los corruptos y ladrones, la ciudadanía esté atenta y no permita más el abuso y el descaro de sus representantes en el Congreso. Hacemos un llamado a la ciudadanía a enfrentar a estos “malos hijos de la patria” y hacerles saber que no vamos a permitir que se sigan burlando del pueblo, y se acaben los años en los que se ha ignorado la corrupción.
