La Sala Segunda de Mayor Riesgo anuló otro proceso penal que estaba a cargo de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), y beneficiaron a 52 personas (individuales/jurídicas) que estaban vinculadas por supuesto lavado de Q350 millones sustraídos del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) en 2003, en el que también se encuentra vinculado Gustavo Herrera.
El caso se encuentra en el Juzgado de Mayor Riesgo “D”, a cargo de la jueza Erika Aifán, siendo el segundo expediente asignado a la togada y anulado por los magistrados de esa Sala.
Los magistrados suplentes que resolvieron anular el proceso penal son los mismos que beneficiaron al exdiputado Armando Escribá. Los magistrados son:
1. César Anibal Najarro López
2. Noe Moya García
3. Gloria Dalila Suchite Barrientos
El magistrado, César Najarro, también integró la Sala Primera de Apelaciones que favoreció con un amparo a Mynor Moto, para que el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) lo declarara ganador de las elecciones de dicho colegio y el Congreso lo juramentará como magistrado titular de la Corte de Constitucionalidad.
De acuerdo con las investigaciones de la FECI y la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), se determinó la existencia de una estructura criminal de lavado de dinero, específicamente producto del traslado de fondos públicos al sistema financiero.
En labores conjuntas de la FECI-CICIG se ha podido establecer los pasos y acciones propias del delito de lavado de dinero u otros activos, cometido por una organización criminal que utilizó diferentes tipos de empresas (sociedades anónimas, sociedades limitadas y off shore) de propiedad o relacionadas con Gustavo Adolfo Herrera Castillo, para lavar el dinero obtenido de manera ilícita (peculado y otros), producto de un contrato de tipo fiduciario que se había formalizado entre el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) (Fideicomitente Adherente Inversionista – Fideicomisario), Grupo Empresarial UNISERV S.A. (Fideicomitente-Fideicomisario) y el Banco Uno S.A. (Fiduciario).
Este grupo criminal conformado por personas físicas y jurídicas, utilizó el sistema financiero, a través de complejas transferencias de fraccionamiento en moneda local y extranjera, lo que finalmente les permitió dar apariencia legal y ocultamiento al dinero de origen ilícito.
