Con una cuarentena que ya llegó a la noventena, para la mayoría de los guatemaltecos se está llegando al límite de la capacidad de resistencia. Hace tres meses se decía que la salud era, y por supuesto que sigue siendo fundamental, y que todo lo demás debía subordinarse a su salvaguarda.
Conforme transcurre el tiempo es innegable que debe buscarse un equilibrio entre la contención de la pandemia y la salud de la economía. Los países desarrollados, con sólidos sistemas de protección social, pueden compensar la pérdida de ingresos de los trabajadores. Su capacidad fiscal les da margen de maniobra para apoyar a las empresas y evitar quiebras masivas. Aun así dicen en España que una de cada cinco empresas de servicios no volverá a operar.
El Estado guatemalteco, con una carga tributaria de alrededor del 10 % del PIB carece de músculo para sostener el empleo, que implica también evitar el colapso de las empresas. Las restricciones impuestas a partir de la segunda quincena de marzo exceptuaron a empresas de productos no esenciales, como las maquilas y los call center (estos son quizás esenciales para los países donde residen los usuarios). Es también imposible paralizar las actividades agrícolas de todo nivel, pues la falta de manejo o de cosecha tiene como consecuencia la proliferación de plagas y la pérdida de productos, con un impacto más severo en relación inversa al tamaño de la producción. Mientras más pequeño, más fuerte el golpe.
En cuanto a restricciones se nota un enorme descuido de las autoridades y un trato desigual. Por ejemplo, a las maquilas, caracterizadas por la gran concentración de trabajadores en espacios reducidos, no se les obligó a establecer el distanciamiento físico, mientras se reducía a unas cuantas horas el funcionamiento de los mercados, provocando congestionamiento de personas.
Mientras los días de cierre total los supermercados operaban con entregas a domicilio, eso no era posible para vendedores de los mercados que, con grandes sacrificios las habían implementado, La policía capturaba a cientos de personas después del toque de queda, y en la capital las hacinaba en las carceletas de tribunales, con riesgo inminente de contagio.
Se obligaba a cerrar a los pequeños negocios y los asistentes a una fiesta – a quienes ahora se pide al Ministerio Público que inicie la persecución – pero la PNC no capturó a los asistentes, pese a que es una falta de mayor gravedad que la cometida por una persona que circula por calles vacías pocos minutos después del toque de queda.
Otro grave problema es la proliferación de las restricciones establecidas por las municipalidades y los gobernadores, que afectan enormemente el movimiento de los productos agrícolas, especialmente de micro y pequeños productores. Hace unos días la Municipalidad de Esquipulas informaba que, además de las restricciones emitidas por el Gobierno central, también estaban las impuestas por dicha Municipalidad. De conformidad con la normativa que rige el estado de calamidad es claro que las disposiciones deben ser emitidas por la Presidencia de la República y el Ministerio de Salud. Las gobernaciones y las autoridades municipales solamente deben apoyar el cumplimiento de lo que dispone la autoridad competente. En caso contrario caemos en una anarquía que provoca enormes perjuicios, sin que se tenga certeza sobre su utilidad.
