El sistema de justicia guatemalteco necesita ser fortalecido para que de verdad se aplique la justicia y la aplicación de la misma no sea por compadrazgo o por dinero. Lamentablemente cada día se ve más lejano ese fortalecimiento, al contrario, lo que se observa es una regresión que golpeará a los más vulnerables.
Hemos visto que en los últimos días, desde la Fiscalía General a cargo de Consuelo Porras, se quiere debilitar las actuaciones de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), creando una súper Fiscalía Transnacional, que pareciera tener el objetivo de mantener la impunidad en Guatemala.
Como lo dijimos en nuestro editorial anterior, sin lugar a dudas la Fiscal General, Consuelo Porras, como operadora política, ilustra perfectamente cómo se mantienen los privilegios de los corruptos y de aquellos que a toda costa buscan salir impunes de sus delitos.
La semana pasada vimos como el Tribunal de Mayor Riesgo C le otorgó a la exmagistrada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Beatriz Ofelia de León, un criterio de oportunidad solicitado por el Ministerio Público, por lo que no enfrentará juicio en el caso Siekavizza.
Ofelia de León estaba señalada de amenazas contra Petrona Olga Say Velásquez, empleada doméstica de la familia Barreda Siekavizza. Con este fallo terminó la persecución penal contra la expresidente al CSJ por el caso Siekavizza.
Lo anterior demuestra que con el pasar del tiempo lo único que se gana con un sistema de justicia como el guatemalteco es impunidad. Con el cierre de la persecución penal contra Ofelia de León, también se cierra la posibilidad para los padres de Cristina Siekavizza de obtener justicia, puesto que el principal sospechoso, Roberto Barreda ha fallecido y ese criterio de oportunidad otorgado a De León, hacen que la muerte de Cristina nunca sea esclarecida.
El país mantiene una justicia cooptada y enfocada en garantizar impunidad, esto es aprovechado por las estructuras criminales para mantener el control y continuar a sus anchas como lo han hecho por décadas.
El fin de semana las Cámaras empresariales emitieron comunicados exigiendo que la Corte de Constitucionalidad (CC) tomara la decisión de suspender del cargo al magistrado Neftaly Aldana, por padecimientos de salud, y devolver a la CSJ la posibilidad de nombrar otro magistrado, que se entiende esté apegado a lo que ellos digan.
Sin embargo, ha transcurrido un año sin que se hayan pronunciado para que el Congreso de la República integre la CSJ y la Corte de Apelaciones, guardando un silencio cómplice con el Pacto de Corruptos.
Todo esto pone al sistema de justicia en una regresión total, que no es casualidad, es más bien un plan orquestado desde la expulsión de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), para que Guatemala sea el país de la eterna impunidad.
