La reciente designación de los Magistrados a la Corte de Constitucionalidad por los entes constitucionalmente encargados de dicho cometido, produjo –por vez primera, desde que nuestra Constitución cobró vigencia— un inusitado interés en la opinión pública. Interés que, infortunadamente se originó por la forma tan patológica como se procedió en tal designación. Tan accidentado proceso exige ahora que todos los guatemaltecos analicemos las enseñanzas logradas y proponer las soluciones que el caso amerita. A título enunciativo, que no limitativo, hoy les compartiré las que he recopilado hasta el momento.
- El sistema para designar los magistrados de la CC es, sin duda, el problema principal a resolver. Fíjense, por favor, que desde 1986, hablamos de «Magistraturas», mientras en otros países el tema es intrascendente porque el proceso de cambio de magistrados no es traumático. Hay otros casos en los que debido a sus propios méritos –por ejemplo— se les designa con el nombre de su líder, como ocurre con «la Corte Warren», lo que denota cierto grado de institucionalidad. El problema, en nuestro sistema es que los cinco magistrados titulares y sus respectivos suplentes toman posesión de su cargo el mismo día y lo entregan el mismo día en que concluye el tiempo de su judicatura. Así las cosas, es lógico pensar que cualquier administración –integrada por políticos de mala calaña y no juristas— tratará de cooptar por todos los medios este tribunal a fin de asegurarse una gestión sin turbulencias… y la reelección ¿por qué no?
- El problema es resoluble, pero ¿quién le pone el cascabil al gato? No existen en Guatemala «partidos políticos» en el sentido conceptual moderno. Existen, eso sí verdaderas estructuras criminales, salvo muy contadas y cuasi inexistentes excepciones. Tampoco existe poder fáctico alguno ni agrupación alguna que tenga una cuota de poder, por mínima que sea, dispuesta a cambiar el actual sistema. Me atrevo a pensar que ni siquiera los magistrados de la Corte de Constitucionalidad recién electos se atreverían a proponer una reforma al peligroso sistema que rige en la actualidad.
- La CC, en cuanto institución, se ha mantenido alejada del pueblo. Es éste un problema resultante de nuestra historia. No en balde nos ganamos el calificativo de ser «el país de la eterna dictadura». Es éste, en mi opinión, el más ingente problema que deberán abordar quienes próximamente desempeñarán la «VIII Magistratura». Y es por ello que considero indispensable que la CC sea quien directamente se aboque a divulgar a nivel popular su función y su importancia.
- Es necesario abordar y afrontar el nivel de grave ignorancia que impera en Guatemala en lo concerniente a la defensa del orden constitucional y a la función encomendada a la CC. Con muy contadas y notorias excepciones, el nivel de crítica constructiva es prácticamente inexistente. Para ilustrar mi punto de vista, citaré, a título de ejemplo: (i) La ignorancia prevaleciente en un buen número de Diputados al Congreso de la República. La expuesta públicamente por el Diputado Arzú Escobar es notable. Ignora que la CC es un tribunal colegiado y que sus sentencias, por lo mismo son el resultado y la responsabilidad del consenso logrado por la mayoría de sus integrantes, es decir, resultan de un trabajo colectivo. Pese a lo anterior, se permite atribuirle a una determinada magistrada –identificándola con nombre y apellido— la responsabilidad por el incremento del número de migrantes guatemaltecos hacia los Estados Unidos. (ii) Algunos voceros del del sector privado critican con ligereza algunas sentencias de la CC exclusivamente con argumentos fundamentados en la «conveniencia económica», olvidando contrastarlos contra la norma constitucional para justificar tal inconsistencia. (iii) Los tanques de pensamiento del sector privado y los de la sociedad civil se limitan a criticar aquellas sentencias emitidas por la CC que afectan sus intereses en forma selectiva y sustentado su escrutinio en una raquítica argumentación.
- Las Universidades. Salvo excepciones muy contadas son ajenas y distantes al desarrollo jurisprudencial que emana de la CC. Loables excepciones son las periódicas publicaciones de la Universidad Rafael Landívar Plaza Pública y de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Problemas Nacionales. Ello no obsta para señalar que se trata de publicaciones dirigidas a sectores de un nivel cultural superior al de la mayoría.
- Los medios de comunicación. Considero que, con la excepción de un reducido número de columnistas, los medios de comunicación en general son ajenos al debate crítico sobre las sentencias que emanan de la Corte de Constitucionalidad. A lo sumo se limitan a informar precariamente sobre la parte resolutiva de las sentencias que produce este tribunal.
- Indiferencia de los Magistrados. Resultado de su formación jurídica decimonónica en su mayoría –y, dicho sea de paso, incluyo por igual a los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia—les importa un pepino cuanto se diga o cuanto se comente sobre sus sentencias. Al fin y al cabo, la mayoría cree, dicho sea con palabras de Montesquieu, que no son si no «la boca del legislador». Me inspira subraya este aspecto el recuerdo de un comentario que escuché de un amigo –Magistrado del T.S. Español— cual es que cuando redactaba una sentencia tenía que estar consciente del hecho que su texto no estaba destinado únicamente las partes dentro del litigio, sino que tendría un auditorio multitudinario, compuesto de críticos ubicados en el foro, en la magistratura, en la academia –nacional y extranjera— y en la prensa, especializada o no, nacional y extranjera.
- El Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. Merece un artículo monográfico. Penoso es decirlo; pero su labor ha sido deficiente: totalmente alejada de la vida profesional, universitaria y de la opinión pública, muy ajena al cometido que su historia le demanda.
En fin, queda un largo camino por andar; pero no queda más que dar los primeros pasos.
