El único estado estable es aquel en que todos los ciudadanos son iguales ante la ley. Aristóteles
Guatemala vive tiempos paradigmáticos, confusos, como producto de un entorno que cambia constantemente, de forma que, en la actualidad, muy pocos analistas se atreven a proyectar un análisis sobre el futuro, más allá de lo estrictamente coyuntural, aunque la mayoría de analistas si están de acuerdo en algo: en que parece que nuestro país, no se dirige hacia ningún lado; o en su defecto, que vivimos una de las más serias y profundas crisis institucionales y políticas de la época moderna; solamente comparable a los procesos que se desencadenaron en la época de la llamada década democrática, que inició con la revolución de octubre de 1944, y finalizó abruptamente en junio de 1954.
La importancia de la década de 1944 a 1954 fue tan relevante, que para el historiador Severo Martínez Peláez, el siglo 20 en Guatemala se inició justo a partir de la instalación del gobierno revolucionario de Juan José Arévalo, además de que inspiró la más reciente obra de Mario Vargas Llosa, Tiempos Recios, que plantea la hipótesis que si no hubiera ocurrido la intervención norteamericana que truncó la evolución política que se desarrollaba en ese periodo de tiempo, Guatemala sería cualitativamente diferente, especialmente en cuanto a la calidad de su democracia. Comparativamente hablando, la revolución costarricense ocurrió unos años después de la guatemalteca, aunque la diferencia fue que evolución política que desencadenó, no fue truncada, como en el caso nuestro. El resultado de ambas experiencias marca diametralmente la diferencia entre una Costa Rica estable y democrática, y una Guatemala convulsa y con rasgos autoritarios.
Los sucesos que ocurrieron en los años 2015 al 2017, cuando se desarrolló el frenesí investigador de la CICIG y el MP, pueden ser comparados con los sucesos del período 1944-1954, en el sentido que se intentaba cambiar el rumbo del país. Lamentablemente, los errores y excesos que probablemente se cometieron, aunado a la contraofensiva que se ha desarrollado de manera coordinada y escalonada desde el 2017 a la fecha, amenazan profundamente el futuro de Guatemala, especialmente por el reiterado uso del marco legal para defender privilegios y promover acciones tendientes a beneficiar a unos pocos, en detrimento de la gran mayoría de la población, que ve impávida como sus esperanzas de un futuro mejor, se ven negadas de forma sistemática.
El ejemplo más contundente del manejo amañado y casuístico de la ley parece provenir de las aparentemente erráticas y contradictorias decisiones de la CC, especialmente cuando existen cambios de sus integrantes. La controversia que de manera regular produce cualquier decisión de la máxima instancia judicial de Guatemala, demostrando que estamos en un proceso acelerado de destrucción de la poca institucionalidad que aún tenemos. Las consecuencias de esta acelerada destrucción del marco legal e institucional que nos gobierna tendrán consecuencias nefastas para nuestro futuro, si es que no logramos concurrir en un gran pacto refundacional, que permita corregir el rumbo, y dirigirnos a una nueva etapa, cualitativamente diferente a la que nos ha caracterizado desde 1954 a la fecha.
Mientras no logremos reconstruir el marco legal e institucional que permita construir un clima de gobernanza y estabilidad, la posibilidad de solucionar los graves problemas que enfrentamos será cada vez más lejana. Por ejemplo, ante la notoria ineficiencia gubernamental en gestionar las vacunas que permitieran una mejor protección de los ciudadanos guatemaltecos, las cifras de la pandemia siguen en alza: ya hemos superado el umbral de los 2,000 casos diarios de contagios, y el de 50 fallecidos diarios, lo que nos sitúa en la antesala de una crisis sanitaria mayor.
Lo que se percibe, entonces, como una crisis política recurrente, no es más que la emergencia de factores y procesos profundos de disociación social que están amenazando el futuro mismo de nuestra sociedad, de manera que se siguen acumulando los problemas, mientras que mantenemos la mala costumbre de postergar indefinidamente las decisiones que permitirían iniciar el proceso de reconstrucción política y social que tanto necesitamos.
