(parte I)
Con el caso “La Línea” y la larga lista de casos investigados de manera conjunta por los equipos de la Comisión Internacional contra la Impunidad -CICIG- y del Ministerio Publico, ha quedado en evidencia que la lucha contra la corrupción en Guatemala apenas ha iniciado y que justamente ese trabajo demostró que la corrupción es sistémica, profunda y que es todo un sistema complejo de redes político, económico ilícitas que operan dentro y fuera del Estado y que esas redes pueden permanecer por décadas incrustadas en el Estado.
También se puede inferir que la corrupción no es ocasional, no es aislada, no es la excepción es la regla, en consecuencia queda mucho camino por recorrer a sabiendas por la misma experiencia en Guatemala, que esa lucha castiga a sectores poderosos unos del crimen organizado que se fortalecen ante la debilidad del Estado y otros sectores también poderosos que se niegan a cambiar sus patrones de conducta y se niegan a aceptar que deben ser actores del cambio porque la pobreza se hace más profunda en nuestro país, agravada ahora por la pandemia Covid 19 y porque si mantienen su oposición a la lucha anticorrupción, terminan por acción u omisión perjudicando al país, a la economía y a la población en general.
Es muy importante tener en consideración la necesidad de lograr la independencia del Ministerio Público apostando por la institucionalidad. No es suficiente sólo su fortalecimiento y no debe depender toda la institución de la voluntad del fiscal general de turno, especialmente si éste tiene compromiso con fuerzas oscuras y no con el imperio de la ley. Además debe generarse la verdadera independencia y fortalecimiento del Organismo Judicial, el sistema de elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Corte de Apelaciones y otros tribunales de igual categoría, es decadente ya no funciona, es momento de poner en marcha la carrera judicial como mecanismo idóneo para rescatar al Poder Judicial.
Además quedó en evidencia que salvo la judicatura de mayor riesgo, los demás tribunales, a pesar del esfuerzo de algunos jueces, no estaban preparados para conocer casos de alto impacto de la magnitud que revelaron las investigaciones conjuntas del Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la impunidad -CICIG-.
Para continuar con la lucha contra la corrupción debe estar preparado el sector justicia en su conjunto iniciando con la Policía Nacional Civil, así como el Instituto Nacional de Ciencias Forenses -INACIF-, el Instituto de la Defensa Pública Penal, Ministerio Público y el Organismo Judicial, porque la cadena de justicia no puede funcionar adecuadamente con instituciones que trabajen de manera aislada, todas tienen un rol y todas son importantes para que no haya impunidad.
Hay que ser conscientes que la lucha contra la corrupción en nuestro país está en un punto de quiebre, se avanza de manera responsable en el esfuerzo o se fortalecen los poderes oscuros y las fuerzas paralelas. El crimen organizado acosa peligrosamente para terminar de apoderarse de la institucionalidad.
La corrupción en Guatemala por ser sistémica, ha provocado por décadas gobiernos débiles hasta convertirse en un Estado capturado, el cual debe liberarse, debiéndose tener presente que con instituciones del sector justicia carentes de fortalecimiento e independencia y sin cultura de transparencia, no es posible.
