El Estado guatemalteco requiere ser liberado de la captura que sufre desde hace décadas.
Sin duda habrá que empezar por modificar el sistema electoral, el cual está diseñado para que el statu quo se perpetúe, ya que siempre encuentran la ruta para manipular desde la propia Ley Electoral, pasando por la organización de un partido hasta llegar a facilitar el control a la “vieja política” que conoce todos los mecanismos para continuar funcionando.
En el reciente proceso electoral del año 2019, quedó claro que estaba inscrito como candidato a la presidencia de la República Mario Estrada de UCN, quien recientemente fue condenado por la Corte del Distrito Sur de Nueva York por su conexión con una conspiración para importar y distribuir toneladas de cocaína a Estados Unidos, mientras que en Guatemala tenia la posibilidad de convertirse en presidente. En el país su partido político ejerce la presidencia del Congreso de la República en sustitución de su presidente, lo que denota que ese partido ejerce poder real. En la carpeta judicial de la Corte de Nueva York consta su intención y la de su socio de asesinar a rivales políticos, a ex fiscales y fiscales del Ministerio Público, lo cual es un señalamiento grave en cualquier país, sin embargo, en Guatemala ese hecho goza del beneplácito del olvido. Parece que es un evento carente de importancia. La criminalización de algunas personas tiene más respaldo.
También se evidenció en el proceso electoral anterior que además del Tribunal Supremo Electoral y otras entidades, la Contraloría General de Cuentas y el Ministerio Público fueron actores clave para inclinar la balanza a favor de determinadas personas y perjudicar a otras. Todo lo cual sucedió ante la pasividad de unos, la complacencia de otros y el apoyo y manipulación de algunas personas más. Algunos salieron beneficiados con este manipuleo, unos sin proponérselo, otros posiblemente pagando precio o posiblemente cobrando los favores al mejor postor, otros de repente actuaron bajo coacción. De igual forma dejaron su huella y fueron actores o cómplices por acción u omisión de un grotesco manipuleo del sistema político electoral de Guatemala. Este hecho también goza del beneplácito del olvido.
La democracia precisa de reglas claras en el sistema político. El Tribunal Supremo Electoral es el ente rector en materia electoral, Institución que tiene independencia respecto de los poderes del Estado, pero también de los poderes fácticos. Mas allá de un derecho del Tribunal, su independencia es una conquista para la población, pero también la población debe ser consiente que está obligada a exigirlo. Además es la Institución llamada a ser garante del ejercicio del derecho de organización, esto es permitir, facilitar y motivar la conformación de partidos políticos y comités cívicos. Sería contrario a la ley tener el criterio por parte de los funcionarios de ese ente al considerar que “ahora se va a tener la política de que no inscribir partidos”, lo cual no sólo violentaría las normas legales, también mandaría un mensaje equivocado a la ciudadanía porque podría entenderse que los partidos políticos vigentes están cabales. Y no lo están, faltan aquellos que pueden sumarse a los pocos que tienen claro que su esfuerzo debe enfocarse en rescatar al Estado capturado.
Después de CICIG, hay que empezar por modificar la Ley Electoral y de Partidos Políticos, pero no al gusto de la alianza criminal y de la “vieja política”, esa ley de rango constitucional merece ser el marco de la verdadera democracia, de aquella democracia que puede dar paso a la Guatemala de las flores.
