PDH señala que el actual Gobierno ha socavado la institucionalidad de la Paz debilitando la Democracia y el Estado de Derecho

Foto: PDH

El Procurador de los Derechos Humanos Jordán Rodas Andrade, en la conmemoración de los 24 años de la Firma de los Acuerdos de Paz, expresó que ninguno de los gobiernos ha tomado con seriedad el tema de los Acuerdos de Paz, mismos que son un compromiso de Estado.

Agregó que el actual Gobierno «ha socavado la institucionalidad de la Paz debilitando así la Democracia y el Estado de Derecho», por lo que recomendó a los tres poderes del Estado «recuperar la agenda sustantiva de la paz y honrar los compromisos estratégicos del Estado».

Por medio de un comunicado, Rodas Andrade recordó que es compromiso del Gobierno respaldar y fortalecer su labor como PDH, pero el Presidente, el partido oficial y sus aliados han limitado las condiciones técnicas y materiales para que pueda cumplir con su tarea de investigar, vigilar y darle seguimiento al cumplimiento de los Derechos Humanos.

Asimismo, mencionó que el Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas ha sufrido grandes retrocesos en el último año ya que no se garantizó el acceso a la tierra y fue irrespetado el territorio indígena.

«El abandono de la ruta trazada por los Acuerdos de Paz ha tenido como consecuencia el deterioro profundo de las condiciones materiales de la población, aumentando las brechas de la desigualdad social, pobreza y exclusión por razones étnicas y de género, a la vez que se refuerzan los factores de expulsión migratoria irregular», puntualizó el PDH.

Por su parte, el Movimiento Nacional de Víctimas Q’anil Tinamit demandaron el cese de las políticas y grupos que intentan cooptar el Estado y condenan los intentos de sepultar la institucionalidad de la paz.

«Ante la emergencia sanitaria del COVID-19, el gobierno de Alejandro Giammattei ha impulsado la consolidación del autoritarismo y el cierre de espacios de participación democrática al impregna política represiva contra líderes, lideresas y organizaciones que se oponen a sus intereses valiéndose de los estados de calamidad pública y de la imposición de estados de sitio para militarizar a las comunidades indígenas», indicó el referido movimiento.

«El precio de la guerra lo pagamos nosotros los Pueblos Indígenas. Por tanto, exigimos la atención a miles de víctimas y sobrevivientes que 24 años después están abandonados y en condiciones de vulnerabilidad», puntualizaron.