Luego de varias denuncias presentadas en la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), se realizaron inspecciones en la red de hospitales nacionales y temporales, las cuales evidenciaron el desabastecimiento en medicamentos que el mismo Ministerio de Salud aceptó que existe, aunque no en su magnitud real.
«Los hospitales han tenido una constante de desabastecimiento, esa es una realidad porque durante todo el año no hemos dejado de recibir denuncias. En las últimas dos semanas estas denuncias por desabastecimiento aumentaron y es así que hemos tenido que hacer intervenciones», dijo Zulma Calderón, defensora de Salud de la PDH.
Agregó que este desabastecimiento no se da únicamente en el área hospitalaria, que es la más visible, sino también en los Centros de Salud, en donde hay desabastecimiento de pruebas para detectar COVID-19, lo cual evidencia una crisis más profunda de la aceptada.
Calderón indicó que en estos momentos estan investigando otras denuncias del Hospital del Parque de la Industria y en el Hospital de Villa Nueva, ambos por desabastecimiento. «Es una situación bien difícil, porque aunque el Ministerio de Salud reconoce que tienen cierto grado de desabastecimiento, esa es una situación que no debería de darse ya que la barrera siempre ha sido el tema presupuestario y en este momento presupuesto tenemos», dijo.
Indicó que la lista de medicamentos para atender a pacientes con COVID-19, «es pequeña», es un listado básico, y al no existir medicamentos para la atención de pacientes críticos «es penoso».
«No tenemos un plan de compras acorde al comportamiento de la enfermedad y como se ha venido desarrollando la pandemia en Guatemala, no tenemos una planificación y una respuesta integral y el Ministerio carece de un liderazgo importante para articular acciones y no se de lo que está pasando», aseguró Calderón.
La defensora de la PDH indicó que no es válido que se reconozca un 75% de abastecimiento de medicamentos en los hospitales, ya que los medicamentos para atender a pacientes con COVID-19 como tocilizumab o remdesivir tienen un costo entre Q. 3,000.00 y Q. 4,000.00 la dosis, de las cuales se usan dos o tres frascos al día por paciente, «eso es inalcanzable para los pacientes cuando vivimos en un país que tiene más del 60% de la población en pobreza».
«La única forma mundial que se ha demostrado científicamente que contiene y detiene el virus es la vacuna, pero en Guatemala no tenemos disponibilidad, ese acceso se nos ha negado, no tenemos acceso universal al pruebas diagnósticas porque nosotros ya evidenciamos que no hay pruebas disponibles. Si una persona se enferma de gravedad tampoco hay camas disponibles y tampoco hay medicamentos en los hospitales, por lo que estamos en una crisis muy profunda que va más allá del tema de abastecimiento», puntualizó.
