¿PARA QUÉ ESTÁN LAS INSTITUCIONES DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR?

Nineth Montenegro

La crisis económica que vive el país, agudizada por la pandemia del COVID -19, está generando una profunda desesperación en los hogares guatemaltecos, sobretodo, quienes ya subsistían en condiciones de pobreza y hoy están en situaciones paupérrimas, cuya expectativa está en seguir acogiéndose de los programas sociales y buscando alternativas que les permitan una fuente de ingresos. De esa cuenta, vemos como, por ejemplo, mujeres del Plan Jocote, una aldea de Chiquimula, están produciendo huertos para consumo propio y para la venta local.

También la clase media se ve afectada, pues fueron muchos los que se quedaron sin fuente de ingresos, desde el confinamiento. Todos hemos visto como en las redes sociales la gente comenta su situación y sale a luz su capacidad de resiliencia, ofreciendo comida, muebles, plantas, cosméticos etc.

Es decir, la gente está luchando por sobrevivir y hacerle frente al desempleo. Otros, han optado por seguir migrando, principalmente a EE.UU., independientemente de la consecuencia que ello pueda conllevar.

Sin embargo, y pese a denotados esfuerzos por salir adelante, la familia ve como los precios de los productos básicos van al alza. Notemos como el precio del gas propano de 25 libras se ha disparado a Q.120; el de 35 libras a Q.168 y el de 100 libras a Q. 480. La gasolina también ha subido de precio y con ello, los productos de la canasta básica familiar.

¿Cómo hacerle frente a la crisis por más optimista y emprendedor que se quiera ser, con estos abusos?  No vemos al Estado salir en defensa del usurario de estos bienes y servicios que se han encarecido más allá de lo razonable.

En teoría, estamos como usuarios “protegidos” desde la propia Constitución, tal como lo dice el artículo 119 literal i) de la Constitución Política de la República de Guatemala, que establece la defensa de consumidores y usuarios, es más, el Estado de Guatemala asumió compromiso en la  Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, mediante Resolución Número 39/248 del 9 de abril de 1985, en las que se sintetiza la obligación de los gobiernos para la concreción de una efectiva protección y salvaguarda de los derechos e intereses legítimos de los consumidores.

Por otro lado, y para cumplir con lo ya expresado arriba se crea la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor (DIACO) pero, hasta el momento no juega el papel que le corresponde, pese a las insistentes denuncias de la población.

Parte del problema es que DIACO fue creada como dependencia del Ministerio de Economía en 1995. Es decir, que carece de independencia, por lo que está sujeta a las decisiones de dicha institución y no tenía una ley que le diera funciones claras, de esa cuenta, finalmente en el año 2003, se aprueba la Ley de Protección al Consumidor.

El objeto de la Ley es promover, divulgar y defender los derechos de los consumidores y usuarios, pero, sigue DIACO adscrita al Ministerio de Economía. No obstante, hay que reconocer que algunos intentos se hicieron en el pasado por ayudar al usuario. Pero hoy el silencio es muy fuerte.

La Procuraduría de los Derechos Humanos, también tiene una Procuraduría de los Derechos del Consumidor y no hemos escuchado su intervención en favor de los guatemaltecos frente a estos abusos.

Ya con estos instrumentos se hubiera esperado más respaldo de la DIACO y la Procuraduría, pero lo que vemos es ausencia.

Quizá se hace necesario que la población exija cuentas y amparado en la ley demande acciones tendientes a proteger a un consumidor que literalmente se está ahogando en la actual crisis y no ve un salvavidas para él.

Tal pareciera que tenemos infinidad de instituciones y legislación que resultan en burocracia insensible a la realidad que se vive, pero somos nosotros con nuestra voz quienes debemos obligarlos a que funcionen, porque la población ya no soporta esta crisis que se agudiza con el alza inmoderada de productos básicos.

Epicentro GT

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