En un contexto, como el guatemalteco, donde a lo largo de la historia, la creación, desenvolvimiento y control de las instituciones ha sido objetivo de grupos y sectores particulares, no parece ser extraño que la designación de magistrados a la Corte de Constitucionalidad sea parte de esa tendencia; más cuando se le agrega la importancia vital que esa institución tiene en el contexto político. Seguramente las resoluciones de la última década, cuando menos, ha elevado los bonos para considerarla como una objetivo o botín apreciable.
Adicionalmente, los actores pro-impunidad han levantado un conjunto de mensajes, orientados a dar vuelta la página, buscar por todos los medios (propósito no logrado en esta ocasión) dejar fuera de la jugada a quien fue vista como la principal piedra en el zapato (Gloria Porras) y generar la percepción que la cohorte saliente son un grupo extremista, cuyas decisiones «radicales» han puesto el riesgo los límites de la acción jurídico-político «posible» o admisible.
De esa cuenta, el proceso actual se ha convertido en un hervidero. A pesar de las embestidas, Porras fue designada en el Consejo Superior Universitario (USAC). Al momento de escribir esta columna, tres de las cinco instancias aún no terminan de decidir; pero todo apunta a que tal como fue previsto por los grupos urgidos en el «cambio», la correlación será distinta. Pero la cosa no será sencilla. Primero, porque las múltiples acciones de incidencia, incluso del gobierno norteamericano, ha obligado a cambiar algunas fichas en el tablero. Eso se traduce a sustituir las apuestas principales por otros, que comparten los mismos propósitos pero que a la hora de repicar fuerte quién sabe hacia dónde orientarán sus decisiones. Contamos con antecedentes de procederes similares.
Por otro lado, si bien el propio Presidente de la República es el principal responsable de la búsqueda desafiante por el control pleno de la CC, este debe saber o al menos comprender por encima, que si la nueva correlación se desboca en sus decisiones y piensa que al tomar posesión en abril próximo, cuentan con chequera en blanco, están totalmente equivocados. Sus actos, hasta los detalles mínimos, serán sujetos de otras formas de control. Los previsibles deslices, probablemente ocasionarán efectos adversos para ellos y sus expresiones de apoyo. No olvidemos que la conversión de Magistrados en simples operadores de intereses, requiere de un bolsón gigante de incentivos. Si estos no funcionan, llegan parcialmente o se cierra el chorro por falta de provisiones, los engranajes dejarán de funcionar. Así de simple funciona la maquinaria.
De la que no nos salvamos, es la conversión de la precaria institucionalidad en una especia de trapo sucio. Ese es el lastre, la consecuencia más grave. En el caso de la CC, el desgaste no inició en esta coyuntura, pero es evidente que el proceso de debilitamiento es considerable y apunta hacia mayor declive. Eso es especialmente peligroso, en un contexto donde la mezcla de diversos tipos de autoritarismo, el repunte de la criminalidad compleja, los afanes perversos de los desenfrenados y las ansias por la expoliación de los recursos públicos van en ascenso. La CC es una plataforma, desde la cual, incluso en poco tiempo, se pueden urdir diversos tipos de hechos adversos, ilegítimos y regresivos, en un momento donde, en teoría, deberíamos sumar fuerzas para propósitos contrarios.
