En un comunicado el Pacto Ciudadano, dio a conocer que el presidente Alejandro Giammattei ha sumido al país en una crisis de gobernabilidad sin salida a 10 meses de haber juramentado. “Desde el principio estableció una línea de continuidad con el Gobierno de Jimmy Morales, sumándose al deterioro intencional del Estado de Derecho a través de su bancada y de sus aliados, mucho de ellos posiblemente vinculados a grupos de crimen organizado” señaló.
Agregó que “frente a la impunidad y autoritarismo con que los tres poderes del Estado han manejado las decisiones las decisiones a favor de intereses espurios de funcionarios y grupos económicos y legales e ilegales, diferentes sectores sociales han salido a las calles a demostrar su descontento”.
El Pacto Ciudadano manifestó que el plan establecido del Ejecutivo es “terminar de desmantelar el Estado de Derecho”, lo cual se evidencia con el intento de remover a los Magistrados de la Corte de Constitucionalidad, no elegir Corte Suprema de Justicia y forzar el marco democrático para tener jueces a medida de sus propios intereses. “En lugar de entender a las demandas de diferentes sectores de respetar las leyes, frente a las manifestaciones populares, el Presidente clama por la intervención de la OEA para intermediar en una crisis, única y exclusivamente provocada por él, su partido y sus aliados”.
Asimismo indicó, que la misión ha venido a encontrarse con una narrativa gubernamental que intenta criminalizar a los actores que demandamos democracia; con un Presidente que no da marcha atrás y no solo no ha destituido a los causantes de las graves violaciones a Derechos Humanos, sino autoriza seguir con burdos montajes para aparentar violencia que nunca ha existido por parte de las manifestaciones que piden su renuncia.
“Aun estando la misión de la OEA en Guatemala hoy el partido oficial pretende llevar una agenda legislativa para aprobar el antejuicio contra dos Magistrados de la CC por sus decisiones de evitar que se pudieran elegir candidatos no idóneos dentro de la CSJ y destituir al Procurador de los Derechos Humanos, ambos criminalizados por este Gobierno por sus decisiones” refirió.
Por lo anterior el Pacto Ciudadano señala que: “El Gobierno engaña al Enviado Especial del Secretario General de la OEA. No tiene la mínima intención de dar un paso atrás en su estrategia de destrucción del Estado de Derecho y lo que busca es un oxigeno de legitimidad que ya perdió”.
