Hace unos días en una entrevista con Carmen Aristegui, un experto mexicano en asuntos de seguridad decía que la única posibilidad para derrotar al narcotráfico es que la DEA se haga cargo de las operaciones en contra de ese flagelo. Reconocía que todas las estructuras del Estado están penetradas por el crimen organizado y, por lo tanto, son absolutamente incapaces de hacerle frente.
Algo parecido es lo que dio lugar a la creación de la CICIG en Guatemala. Antes de las acciones impulsadas por Iván Velásquez, que obligaron al Ministerio Público a tomar decididamente el partido de la lucha contra la corrupción, estábamos prácticamente resignados al impune saqueo de los recursos públicos en todos los ámbitos de la administración pública.
Pero los procesos iniciados por la CICIG y el MP permitieron pensar que la corrupción podía ser erradicada de las estructuras políticas y administrativas y, en el peor de los casos, reducida a una mínima expresión, porque había certeza de castigo. Recuerdo que a principios de 2016 el entonces presidente del Congreso, Mario Taracena, decía que los diputados tenían miedo. Igual tenían los funcionarios judiciales y del Ejecutivo, los empresarios que hacían pingües ganancias con base a sobornos, y todos aquellos que se beneficiaban de la corrupción.
Pero ante la exitosa campaña realizada en múltiples campos para desprestigiar a la CICIG, lo fueron perdiendo. Morales, con la complacencia de Trump, logró terminar con su mandato. Y están imparables. La CICIG seguramente diría “no llores por mí Guatemala”, porque al paso que vamos el resultado de su partida será un Estado capturado por las mafias políticas, económicas y el narcotráfico. Que al final, llegará a someter o desplazar a los otros poderes. Quien más llorará es el empresariado organizado en las cámaras y el CACIF. Ante un Estado capturado por la mafia, no es de extrañar que vaya a vivir una situación como la que enfrenta el empresariado nicaragüense.
El objetivo más reciente es la Corte de Constitucionalidad. Interpretando antojadizamente la ley iniciaron un procedimiento espurio en contra de tres de sus magistrados.
El propósito final es una justicia domesticada. Que la justicia vuelva a estar al mejor postor, como lo estuvo casi desde siempre. Ya lo decían hace casi 100 años los autores de la Chalana: “nuestros jueces a millares que la justicia vendieron”. Un elemento fundamental para el Estado de derecho y el funcionamiento de una auténtica economía de mercado – no el remedo oligopólico que tenemos – es un sistema de justicia independiente, que sea el árbitro imparcial en toda disputa.
Una de las soluciones identificadas en las políticas económicas es el incremento de la inversión extranjera. Guatemala nunca ha sido un destino de inversión que cree empleo. En general viene a comprar empresas ya establecidas. Pero en una situación como la que vamos a vivir, con una justicia sometida a poderes fácticos, es muy difícil, por no decir imposible, que venga más inversión. Al menos de empresas serias, que cotizan en bolsa. Porque capital carroñero siempre habrá. Pero ese no representa ninguna ventaja para el país. Solamente lo corromperá más.
