El pasado viernes el Ministerio Público presentó una serie de antejuicios contra funcionarios de los Organismos Legislativo y Judicial, así como de seis magistrados de la Corte de Constitucionalidad, con el que se fragua un golpe a la institucionalidad de la máxima Corte, porque serán los únicos antejuicios que avancen.
La solicitud de antejuicio contra los magistrados de la CC radica en la petición de un amparo solicitado precisamente por el Ministerio Público, luego de haberse conocido el amaño para la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y Cortes de Apelaciones en el caso Comisiones Paralelas 2020.
Es increíble la incoherencia que mantiene el Ministerio Público, puesto que si se solicitó el amparo era porque se tienen elementos suficientes para señalar la manipulación de la elección de las altas autoridades de justicia desde el proceso de Comisiones de Postulación, pero ahora resulta que los magistrados de la CC abusaron de su autoridad por querer enmendar algo que ya está podrido desde su raíz.
Los guatemaltecos no podemos permitir que se geste un golpe en contra de la Corte de Constitucionalidad, toda vez que eso significaría un retroceso abrumador en la democracia de nuestro país, y sobre todo el menoscabo de un Estado de Derecho que necesita nuestro país.
Aquellos que reclaman cada momento sobre la certeza jurídica para la inversión, son los mismos que ahora apoyan este golpe contra los seis magistrados que no se han plegado a sus intereses o han fallado en contra de que sigan teniendo inversiones de forma fraudulenta y en contra de la población más desposeída.
Los magistrados denunciados fueron: Bonerge Amílcar Mejía Orellana, Gloria Patricia Porras Escobar de Pacheco, José Francisco De Mata Vela, María Cristina Fernández García, José Mynor Par Usen y Neftalí Aldana Herrera.
Por los posibles delitos de violación a la constitución, resoluciones violatorias a la constitución, incumplimiento de deberes, tráfico de influencias, asociación ilícita revelación de información confidencial o reservada y prevaricato.
Imagínese usted que por enmendar el camino, la Fiscal General decida denunciar a los magistrados por estos delitos, es una verdadera vergüenza y una falta de respeto a la institucionalidad a la que ella un día perteneció y firmó que los mismos magistrados no pueden ser sujetos de denuncias por sus resoluciones y opiniones.
Lo que sí nos queda claro es que lo que ha hecho la Fiscal General en contra de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad es precisamente un golpe a toda la certeza jurídica y a la independencia judicial, esperamos que esto no desemboque en procesos judiciales contra los magistrados de la CC y en cambio se tenga la certeza de elegir a magistrados de la CSJ y Cortes de Apelaciones, honestos, honorables y dignos. No al golpe contra la CC.
