La renuncia de la fiscal general es una obligación. El descalabro producido por Porras en el MP no tiene precedente en esa institución. Su actitud complaciente en favor de quienes, por el contrario, deberían ser motivo de la persecución penal, implica un proceso inverso. La subordinación de ella y del Ministerio Público en favor, tanto de los intereses del ejecutivo (del presidente, en especial), como de grupos de poder promotores de más impunidad, son profundamente regresivos y contravienen, totalmente, los propósitos de esa instancia. Sin embargo, si este objetivo se logra, la ciudadanía movilizada no puede darse como bien librada.
Nada y nadie garantiza que el presidente designe a otra persona con similares, o incluso, peor perfil que la actual fiscal. Seguir en la ruta de la descomposición institucional, es y seguirá siendo un objetivo fijo. Esto obliga a presionar por dar marcha atrás en la serie de decisiones que la actual fiscal ha impuesto, pero al mismo tiempo, poner especial atención en quien designado y sus primeras decisiones.
Ahora bien, el caso MP es solo una pieza en el rompecabezas. O se promueven cambios fuertes en el TSE, o el proceso electoral venidero (2023) será la tapa al pomo. Varias cosas están montadas para la continuidad del desastre actual. Ello tiene que ver con candidaturas en fase de cocimiento, autorización de postulaciones de toda una gama de impresentables y sumidos en diversos cuestionamientos, dar rienda suelta al financiamiento electoral sin control, entre otros factores pactados y dispuestos para el reacomodo de personajes nocivos para la vida en sociedad.
Estamos ante un escenario tipo tablero, donde si bien una pieza es importante, también importa el instrumento completo. Ambos planos requieren profundas transformaciones, pero al menos, por de pronto, lo esencial es contener que los males sean más y se multipliquen exponencialmente. Es preciso establecer la ruta para la estabilización; después vendrán las etapas para el nuevo diseño. Pensar al revés, o querer ir por todo, terminará dando como resultado ruido, pero nada concreto.
Las movilizaciones, por mucho que sean continuas y con alta presencia ciudadana, representa una de las estrategias necesarias. Cabe resaltar el cambio fundamental en su origen, ahora se trata de actores territoriales los que promueven y protagonizan las muestras de descontento; esto puede ser el germen de un proceso social amplio, con implicaciones de mayor calado.
Si no se diseñan y conjuntan otros componentes, el proceso pasará y se traducirá en más catarsis colectiva. Quienes detentan el poder se fincarán en él, considerarán que la bulla es pasajera y medirán que atrás no hay mayor contenido ni estrategia. Esto sería lamentable, pero ha sucedido en otras ocasiones; hay precedentes.
En tanto no se creen válvulas de oxigenación, los actuales episodios pueden suscitar formas que no necesariamente serían expresiones de cambio democrático. La senda es peligrosa, y corremos el riesgo que la combustión se convierta en polvorín, el cual puede ser aprovechado por populismos baratos, de derecha o de izquierda, pero ambos nocivos por su naturaleza y alcances perversos.
