Según datos del Ministerio de Relaciones Exteriores, actualmente 2.7 millones de guatemaltecos viven en EEUU, de ellos, 43.75% no tienen estatus regular de acuerdo con el Centro de investigación PEW (Pew Research Center en inglés) Este tanque de pensamiento estima que Guatemala es el tercer país con mayor número de migrantes con situación irregular viviendo en ese país.
¿Se imaginan las grandes vicisitudes que viven nuestros compatriotas en condiciones no regulares? aunque muchos de ellos puedan tener años de radicar en este país, sobreviven con la constante amenaza de ser deportados y no contar con los mismos derechos que puedan tener personas residentes y quienes han obtenido la ciudadanía.
Todos sabemos que nadie deja su país sin alguna razón y en este caso la mayoría es por falta de oportunidades para vivir con dignidad, o en algunas ocasiones incluso por violencia intrafamiliar o la violencia de las denominadas “Maras”. Esto ha orillado a muchos guatemaltecos a tener que tomar graves riesgos, incluso perder la vida para atravesar fronteras. Como pruebas evidentes están los guatemaltecos que en el camino han muerto en el desierto o víctimas de la brutalidad policiaca fronteriza como el caso de Claudia Gómez.
Los guatemaltecos que logran llegar van con la profunda esperanza de tener la posibilidad de obtener un empleo que les permita sostenerse y mandar a sus familias dinero para su sobrevivencia, de esa cuenta en 2019 (el año recién pasado) el crecimiento de las remesas familiares significó el 13.7% del PIB y ese dinero incentivó el consumo y la demanda interna (Banco de Guatemala). Este crecimiento ha convertido a las remesas en uno de los factores importantes de la economía de Guatemala.
Este aumento de las remesas se dio en medio de una despiadada deportación: En 2019 hubo un total de 102 mil 864 deportados por la vía aérea y terrestre, 11.55% más que el 2018, según datos de la Dirección General de Migración. Esta cifra quizá no tiene precedentes y pese a ello fue el motor que dinamizó la economía.
A pesar de lo anterior, el gobierno recién pasado puso poco empeño en buscar mecanismos para garantizar su estadía en ese país; lejos de ello, suscribió un convenio con EEUU en donde todo centroamericano deportado de ese país es trasladado a Guatemala, establecido ahora como “tercer país seguro” cuyo “objetivo” supuestamente es dar apoyo a hermanos hondureños y salvadoreños, que por cierto con engaño son traídos al país haciéndoles creer que aquí se solventará su situación para retornar a EEUU.
La inesperada pandemia del coronavirus toma al mundo por sorpresa, y lo obliga a cerrarse temporalmente. Uno de ellos es EEUU cuyos comercios y centros neurálgicos para el desarrollo de la economía deben tomar esta medida, que conlleva despidos de personal, y los más afectados son los guatemaltecos cuyo estatus es irregular. Miles han perdido el empleo dejando de tener lo básico para la sobrevivencia y lógicamente dejando de enviar remesas a sus familias. De esa cuenta el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI) estima que las remesas caerán un 20%, para el año 2020 y con ello la pobreza en el país se agudizará .
Lo peor del caso es que varios de estos connacionales se han contagiado del coronavirus y no tienen los mismos derechos para acceder a hospitalización, y como consecuencia de ello han muerto más de 260 compatriotas.
Al ser deportados en plena pandemia, en su tierra han encontrado rechazo en sus comunidades, los antes vistos como héroes ahora deben esconderse por el temor de la población al contagio, esto contrasta con todo el aporte que los migrantes han dado, que según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), 1.8 millones de personas son las que envían las remesas, la población beneficiada es de 6.2 millones y el promedio de ingreso mensual es de US$379. Es imperativo demandar de las autoridades urgentes medidas que contribuyan con políticas públicas al desarrollo económico social, al emprendimiento y a la inversión de los guatemaltecos, tanto los que viven en EEUU, como a los deportados. Las instituciones que deben velar por ello ya existen, pero han sido infuncionales en más de una década, por lo que debe hacer una revisión y reestructuración de las mismas tomando en cuenta que el asistencialismo en estos momentos es un paliativo temporal que no combatirá el embate de la pobreza ya existente, y que ahora con el coronavirus obviamente se ha acrecentado.
