En Guatemala, los ofrecimientos políticos de una legislación capaz de acabar con todos los males que asolan al país son una constante. Se puede afirmar que los diputados son proclives a exaltar esa idea de que las leyes pueden transformar las circunstancias sociales. A mi más bien me preocupa esa noción que he denominado mesianismo legal.
Conforme el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, por mesianismo podemos entender: “Confianza inmotivada o desmedida en un agente bienhechor que se espera”. En el contexto social guatemalteco, se ha caracterizado a la normatividad como una suerte de agente bienhechor que se espera y de la que se espera, la salvación del Estado. Como si por una especie de aura mística, el solo hecho de concretar el proceso de formación y sanción de la ley estatuido en la Constitución Política de la República de Guatemala, entre los artículos 174 al 181, y en la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, fuere suficiente para conjurar aquello que agobia a nuestra sociedad.
De esa cuenta, si el problema es el robo de teléfonos móviles, pues se reclama al Congreso la emisión de una Ley de equipos de terminales móviles, decreto legislativo 8-2013, en cuyo articulado se establece: “Artículo 21. Robo de equipo terminal móvil. La persona que sin la autorización debida y con violencia, tomare un equipo terminal móvil será sancionada con prisión de seis (6) a quince (15) años.” Sin entrar acá en discusiones de naturaleza doctrinaria, si vale la pena reflexionar desde una perspectiva más sociológico-jurídica, si la norma en cuestión ha resultado eficiente y eficaz para que disminuya el robo de equipo terminal móvil (teléfonos celulares) en Guatemala.
Otro ejemplo que viene a mi mente es el acuerdo gubernativo 105-2009, emitido por el ministerio de Gobernación y publicada en el diario oficial con el que se prohíbe que las motocicletas y motobicicletas sean ocupadas por más de una persona. Dicha normativa entró en vigencia y tenía la pretensión de ser la respuesta a la ola de violencia que afecta al país. Como no podía ser de otra manera, la delincuencia ha continuado a sus anchas, sin que dicha normatividad haya demostrado algún grado de eficacia para frenar el comportamiento delictivo.
El mesianismo legal imperante llega incluso a pretender que una ley tenga la capacidad de sanar heridas producidas en el marco de los más espantosos capítulos de nuestra historia. En este sentido, se promueve a través de determinada legislación, una especie de tabula rasa. Hay que dejar en el olvido todo lo ocurrido en nuestro desarrollo histórico, mejor si no se menciona, como si en esa forma, se lograra hacer desaparecer los atroces hechos cometidos. Ejemplo claro de esta variante mesiánica normativista lo es la Ley de Reconciliación Nacional y las pretendidas reformas a la misma.
Ahora bien, en el marco de circunstancias populistas, se apela a la emisión de leyes, para hacer eco de algún reclamo relacionado más con una perspectiva religiosa radical o incluso fanática, más propia de Estados teocráticos, que de la necesaria elaboración de políticas públicas para el bien común y la creación de mecanismos para implementarlas.
No sobra recordar que Guatemala es un Estado laico, que se reconoce respetuoso de la dignidad humana, auténtica línea base de los derechos humanos. Aun así, los diputados y otros dignatarios y funcionarios públicos parecen ignorar por completo este hecho. Proponen legislación que, al ser analizada, bien se encuadra en la normatividad que limita libertades. Peor, a pesar de que juristas de prestigio han advertido, por ejemplo, la necesidad de mejoras normativas, hacen oídos sordos de tales recomendaciones y se decantan por emitir disposiciones a todas luces benéficas para un escaso número de personas.
En este sentido, cito a Tomás de Aquino, filósofo escolástico del siglo XIII, quien afirmó algo que hasta el presente debe hacernos reflexionar: la ley debe mirar principalmente al orden de cosas que se halla enlazado con el bien común. En pocas palabras, la ley debe dirigirse al bien común. Por su parte el premio nobel de economía y doctor en Derecho, Friedrich von Hayek, expresó una idea por demás interesante, las leyes constriñen, limitan, la libertad de las personas, el derecho protege esa libertad.
Los problemas de la sociedad guatemalteca, que inciden, por ejemplo, en la salida de miles de compatriotas hacia los Estados Unidos de América, México y otros países, no desaparecerá porque aquí emitan nueva normatividad. La gran y pequeña corrupción que campean en Guatemala, no desaparecerán con la sola emisión de un nuevo Código Penal, como el propuesto a través de la iniciativa de ley cinco mil cuatrocientos noventa y cuatro (5494). Tampoco los problemas derivados del aborto a través del incremento de las penas.
Para que ocurran cambios verdaderos es necesario acompañar la mejora normativa, con medidas paralelas como lo pueden ser en el ámbito de la educación, con la revisión o creación de políticas públicas, el diseño e implementación de mecanismos para viabilizar dichas políticas, el desarrollo de procesos de capacitación continua a funcionarios y servidores públicos, la permisividad a la participación ciudadana, sin que ello implique, traslación de responsabilidades, el respeto irrestricto a los principios y valores que inspiran el Estado Constitucional Democrático de Derecho, entre otras consideraciones no menos importantes.
Para finalizar, tomo un par de ideas de H.L.A. Hart, filósofo del derecho inglés y uno de los mayores representantes del positivismo jurídico del siglo XX. En primer lugar, debemos como sociedad reconocer la vigencia de nuestra normatividad y actuar en consecuencia, responder a lo que Hart denominó la regla de reconocimiento. En segundo lugar, a pesar de que Hart era un conocido positivista jurídico, tuvo en claro que la ley por si sola no es suficiente, y en tal sentido reconoció la necesidad de un mínimo de componente moral.
El Derecho y la moral no están reñidos, agrego yo. Los habitantes del país haríamos bien en empeñarnos a exigir el respeto y cumplimiento de la normatividad por parte de las autoridades y, por supuesto cada uno de nosotros estamos compelidos a someternos al imperio de la ley, aunque dejando de lado el paradigma del mesianismo legal. Los cambios duraderos tenemos que provocarlos nosotros, no una ley.
