Mañana faltará el agua

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Foto: Luis Soto

Por Carmen Maldonado Valle de ojoconmipisto

Fotografía Luis Soto

En Latinoamérica, solo El Salvador y Guatemala carecen de una ley de aguas. Sin regulación ni acciones para cuidar el recurso, se prevé escasez y pugnas entre vecinos, comunidades y empresas.

En Guatemala no hay una ley para proteger los recursos hídricos. En 1991 se presentó la primera iniciativa, con los años se plantearon otras doce y no se ha aprobado ninguna.

Mientras, persisten los conflictos por desabastecimiento, desvío de ríos, sobreexplotación y contaminación.

Hoy se regulan aspectos específicos en distintos cuerpos legales, como el capítulo quinto del Código Civil, donde se habla sobre la propiedad del agua y la construcción de pozos.

También hay un reglamento sobre el reuso de las aguas residuales y una política sobre riego elaborada por el ministerio de Agricultura, por citar algunos ejemplos.

Aun así, la Constitución Política estableció en 1986, en el artículo 127, que se debía crear “una ley específica” para este recurso. Han pasado 36 años y 13 iniciativas al Congreso, pero solo cuatro fueron debatidas y obtuvieron un dictamen.

«Queremos una ley de agua, pero no una donde se nos excluya»

Marcelo Fabuc, ex presidente del comité del agua de San Lucas Tolimán, Sololá.

En río revuelto

El artículo 127 de la Constitución, vigente desde 1986, establece que una ley específica regulará todo lo relacionado con las aguas. En tanto se emite, el caos se administra con artículos de esta normativa.

  • 1963 – Código Civil
  • 1963 – Código Procesal Civil y Mercantil
  • 1972 – Reglamentos de riego
  • 1986 – Constitución Política de Guatemala
  • 1986 – Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente
  • 1989 – Ley de Áreas Protegidas
  • 1996 – Ley General de Electricidad
  • 1996 – Ley de la Coordinación Nacional para la Reducción de Desastres de Origen Natural o Provocado
  • 1996 – Ley Forestal
  • 1997 – Código de Salud
  • 1997 – Ley de Minería
  • 1997 – Ley de Comercialización de Hidrocarburos
  • 2002 – Código Municipal Ordenanzas municipales

Las consecuencias ya llegaron

“No nos vamos a ir. Ustedes tienen agua en su casa, ¿y nosotros? Estamos en una pandemia, ni siquiera podemos bañarnos ¿y nos piden irnos?”, reclama un vecino de Palín, Escuintla, a un policía. Es marzo de 2021 y está en la carretera al Atlántico, donde 150 personas bloquean todos los carriles como protesta por el desabastecimiento.

Durante ese mes hubo otra manifestación en Mixco, Guatemala, por la misma causa. Los participantes gritaron que tenían las tuberías vacías desde hacía semanas “y nadie hace nada”.

El alcalde Neto Bran les pidió retirarse porque, si bien los pozos necesitaban reparaciones, estas se hicieron y él desconocía la razón de la escasez.

Ante la falta de reglas claras, el agua se ha convertido en un punto de conflicto no solo para Palín y Mixco. De hecho, entre el 1 de enero de 2020 y el 11 de abril de 2021 la oficina del Procurador Derechos Humanos (PDH) recibió 85 denuncias por la presunta violación del acceso a este recurso.

A futuro, la pelea no solo será entre pobladores y autoridades, sino “puede darse entre comunidades: disputas por el acaparamiento, riñas por desviaciones de ríos o reclamos si se seca una fuente natural.

No existe una ley para fomentar la utilización acuífera responsable y eso nos afectará mañana”, sostiene Diego Padilla, sociólogo del Instituto de Investigación y Proyección sobre el Estado, de la Universidad Rafael Landívar.

Por otro lado, la falta de normativa también puede disminuir de forma progresiva la disponibilidad de fuentes naturales.

Según María José Iturbide, directora de la Fundación para la Conservación del Agua en la Región Metropolitana de Guatemala (Funcagua), cada año se debe excavar más profundo para encontrar agua, debido a la sobreexplotación.

Ella la describe como una botella en que cada pozo representa una pajilla, la cual deberá bajar cada vez más para extraer líquido.

Al comparar las mediciones en el subsuelo hechas en 1978 con las de 2018, el acuífero descendió 400 metros (el equivalente a cuatro cuadras) en la ciudad de Guatemala, explica Iturbide.

Durante once días de abril de 2019, miles de campesinos recorrieron 260 kilómetros con la Marcha del Agua. Ellos protestaron por el desvío de ríos y la contaminación, entre otros. Foto: Simone Dalmasso / Plaza Pública.

Una ley “no solucionaría todos nuestros problemas hídricos, pero sería un instrumento para evidenciar nuestra responsabilidad en el manejo sustentable, dejar de extraer sin medida y así evitar o al menos posponer a la escasez”, asevera la directora de Funcagua.

En 1991 Vinicio Cerezo, entonces presidente, propuso al Legislativo la primera iniciativa para regular los recursos hídricos. Padilla describe ese Gobierno como la época de oro para la naturaleza en Guatemala.

“Se creó la Comisión Nacional de Medio Ambiente, la ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente (ambas vigentes) y se propuso esa ley de aguas”, sostiene.

Tras ella, otras doce pasaron por el Congreso. Además de estar archivadas, sus puntos en común son que todas proponen la apertura de plantas de tratamiento de aguas residuales y desechos sólidos, y prohíben la contaminación de las fuentes naturales por parte de las industrias. Además, limitan la perforación de pozos para evitar la sobreexplotación del acuífero.

¿Por qué ninguna avanzó? “Nunca hubo un clima de interés ni se discutieron. Cada diputado tiene prioridades según su distrito y como esto no lo es, no luchan por aprobarlas”, explica la exdiputada Nineth Montenegro.

A su parecer, también influyeron los intereses de las municipalidades: “Algunas veces, los alcaldes desvían ríos o no administran de forma correcta el agua.

Para ellos resultaría contraproducente aprobar una norma que frene estas prácticas. Recuerde que los congresistas escuchan a los jefes ediles de su departamento”.

Con ella coincide Leocadio Juracán, ponente de la iniciativa 5070. Esta instauraba algo no mencionado por sus homólogas: la creación de un órgano para decidir sobre el recurso.

Su junta directiva tendría a representantes del Gobierno, la sociedad civil, el sector empresarial y el pueblo maya.

“En 2016 hubo muchos conflictos por quienes desviaban fuentes naturales y el mal uso de los acuíferos. La población maya nos dio ideas para crear una norma donde se acabaran esos abusos y, con cambios mínimos, eso presentamos”, asevera Juracán.

Según él no hubo interés por retomar la discusión y “aunque insistimos, se engavetó”, agrega.

A falta de ley, ¿qué hacemos?

A decir de Lucía García, bióloga de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), Guatemala es un país rico en recursos hídricos, por lo que es lejano el desabastecimiento total.

Sin embargo, “(las fuentes) serán escasas y esto podrá generar conflictos. Los grupos privilegiados tendrán medios para conseguir agua donde sea, en tanto que los pequeños agricultores, por ejemplo, no tendrán cómo obtenerla”.

Se desconoce cuándo pasará esto. En el ínterin, las municipalidades pueden comenzar con apagar sus pozos por un tiempo para dejarlos descansar.

También, agrega la experta, cosechar la mayor cantidad de agua durante la temporada lluviosa, devolverla al suelo y aumentar la capacidad del manto acuífero.

A nivel estatal, García recomienda observar cómo otros países usan el agua de forma eficiente para conocer qué conductas se pueden imitar en Guatemala.

Un ejemplo es Israel, donde hubo una sequía de 14 años hasta que en 2013 las aguas residuales comenzaron a reciclarse. Ahora estos recursos se potabilizan y sirven para consumo y riego en zonas áridas.

En El Salvador también hay un proyecto sostenible: la empresa Sherwin-Williams consume 6.8 millones de galones de agua al año y, después de tratarlos, los usa para consumo y fabricación de pintura.

Durante el mismo período capta lluvia, la deposita en el manto freático y así le devuelve 7.6 millones de galones de agua.

Además, menciona Iturbide, los vecinos podrían proponerse pagar un precio justo por el agua: “Ahora solo pagamos por que nos llegue a la casa, pero no por la captación, mantenimiento de tanques ni cloración.

Es como tener el plan de telefonía de moda, pero solo pagamos por el aparato y no por las llamadas”.

De hecho, está en desacuerdo con la tarifa fija impuesta por algunas municipalidades. Por citar algunos ejemplos, en Cunén, Quiché, se pagan Q7 mensuales por el agua; en Santa Lucía Milpas Altas, Sacatepéquez, Q20.

“Tener un costo estático y no por consumo también puede ser injusto, porque quienes usen poco y ahorren recursos pagarán lo mismo que quienes despilfarran”, señala la experta.

Aunque se aprobara una ley de aguas, de acuerdo con la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), también se debe procurar su aplicación por parte de los gobiernos y los habitantes.

Según la entidad, “gestionar el agua es equivalente a evitar conflictos entre seres humanos”, pero muchos de los marcos aprobados “se quedan en meras declaraciones, sin traducirse en la organización efectiva de los aparatos estatales”.

Los responsables a nivel local

El saneamiento, la reparación de tuberías para evitar desperdicios, el tratamiento de las aguas residuales, el mantenimiento del alcantarillado y la elaboración de reglamentos de agua son solo algunas de las garantías que deberían darse en cada ciudad, de acuerdo con la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam). Sus responsables son las alcaldías.

Estas obligaciones se pueden cumplir por medio de las Oficinas Municipales de Agua y Saneamiento (OMAS).

Hasta agosto de 2021, solo una de cada tres comunas tiene una, pero la Comisión Presidencial de Asuntos Municipales (Copresam) prevé instalar estos departamentos en las restantes antes de finalizar el año.

Según la Copresam, estas entidades deberían velar por que las municipalidades traten el agua y manejen los desechos para evitar contaminación.

Ojoconmipisto consultó a 44 alcaldías y de las 29 que reportaron tener OMAS, dos no cuentan con plantas de tratamiento, tres no tienen presupuesto para ello y cinco no asignan dinero para limpiar aguas negras.

A decir de Marvin De León, director de la Anam, 224 de las 340 comunas tienen estas plantas, pero no se sabe si funcionan o no, “porque están a cargo de cada municipalidad”.

Al preguntarle si la institución exige a sus agremiados cumplir con su tarea de cuidar los acuíferos, respondió que solo pueden sugerirlo, mas no obligarlos “porque los jefes ediles gozan de autonomía”.

En cuanto a qué hacer si las fuentes de agua se secan, solo tres de las 44 alcaldías tienen una hoja de ruta. Las demás apuestan por construir más pozos.

Pero esta solución, ejecutada en Siria, por ejemplo, provocó conflictos y migraciones hacia las grandes ciudades. Los pozos se secaron por completo, revela un estudio de la Academia Nacional de Ciencias en Estados Unidos.

Cuarenta días después de Semana Santa sacerdotes indígenas se reúnen en Chikabál, la laguna sagrada, para celebrar el rito de la Rogativa donde piden por la lluvia. Foto: Simone Dalmasso / Plaza Pública.

Se requiere una ley, pero no cualquiera

A criterio de la directora de Funcagua, ninguna de las iniciativas de ley presentadas en los últimos 30 años relacionadas con los recursos hídricos está completa, porque no se toman en cuenta los intereses de todos los sectores. En particular, los de la población indígena.

Marcelo Fabuc, ex presidente del Comité de Agua de San Lucas Tolimán, insiste en la necesidad de conocer la cosmovisión maya para formular un cuerpo legal que no instrumentalice al agua, sino que la conceptualice como una fuente de vida.

“Como tal, se debe respetar al no contaminarla, instalar plantas de tratamiento funcionales, evitar el desvío de fuentes naturales, dar mantenimiento a las tuberías y penalizar el desperdicio”.

Carmelina Lix, autoridad maya en Tecpán, Chimaltenango, agrega que no todas las propuestas presentadas respetan al agua y eso molesta a su pueblo: “Somos sus guardianes, la protegemos y le pedimos permiso para hacer un pozo porque si no, se irá.

A los demás no les importa contaminarla o acabarla, pero eso la enoja y las consecuencias pueden caer sobre todos”.

Para Iturbide una regulación ideal incluiría normas para las empresas, respeto por los recursos naturales, políticas de formación escolar sobre su cuidado e instrumentos para obligar a las instituciones públicas a cumplir con sus tareas respecto a este recurso.

Los tres coinciden en que para lograrlo se debe generar más discusión entre todos los sectores de la sociedad y, de ser necesario, animar a cada uno a ceder en algunos puntos.

Aun así, explica el diputado Román Castellanos, integrante de la comisión de Ambiente, Ecología y Recursos Naturales en el Legislativo, “eso es lejano por la falta de voluntad política. Cada congresista tiene su agenda y hasta el momento el agua no hace mucho eco en el pleno”.

El último intento por aprobar una ley de aguas se dio en 2017, cuando se presentó en el pleno el documento 5253, pero como los otros, se archivó.

Desde el año pasado, se han redactado seis iniciativas relacionadas con los recursos naturales y solo una, la 5704 , tiene relación con el agua. Pero aún no se conoce en el pleno.

Mientras llega una ley, en Guatemala las fuentes hídricas arrastran una cadena de “no se sabe”: no se sabe cuándo escasearán, no se sabe cuándo se regularán y no se sabe cuál es su situación actual en todo el país por la falta de mediciones de los acuíferos.

Lo único seguro, sostiene Carmelina Lix, “es que si no se establecen reglas claras, Imox (nahual del agua) se irá y para verle de nuevo deberemos suplicar”.