Desde la firma de los Acuerdos de Paz quienes han venido haciendo gobierno son algunos funcionarios que aprendieron a hacer política a base de autoritarismos, clientelismo, compadrazgo, corrupción e impunidad. Otros tantos, provenientes de sus incapacidades en conocimiento político y gestión democrática, procuran sus deficiencias bajo tres elementos: a) culpar a los ciudadanos y sus derechos humanos; b) pintar fachadas internacionales de democracia; y c) atentar contra la institucionalidad que les pone limites efectivos a su poder.
Estos descendientes del autoritarismo tienen incapacidad de entender un modelo político basado en gestión de conflictos y, entienden, por exclusiva forma de actuación, la imposición de sus ideas y formas mediante lo que mal llaman orden. En otras palabras, las cosas quieren hacerlas como ellos dicen sin escuchar a nadie más, por ello les molestan los pueblos indígenas en sus derechos a ser visibles más las condiciones en que han vivido históricamente; por eso les molestan los estudiantes universitarios que levantan su voz y reclaman un estado distinto y, por eso les molesta cualquier tipo de idea contraria a sus intereses particulares.
En este proceso de tránsito de un estado de terror a un estado democrático de garantías, pocos parecen entender los riesgos de regresar a la instalación de aquel estado que ejecuto personas, desapareció y torturó, pero muchos sabemos que a ese Estado no se quiere regresar nunca más. Sin embargo, sobre la base de aquella represión es que construyen su estabilidad política los que descienden del modelo autoritario y, por enumerar algunos actos, menciono acá cinco:
- Censura y persecución a periodistas.
- Represión a las manifestaciones ciudadanas acompañadas de uso de la fuerza policial innecesario, desproporcionado e ilegal.
- Utilización de la persecución penal o criminalización de funcionarios independientes o bien de activistas o defensores de derechos humanos
- Discurso de posibles “golpes de estado” como justificación de construcción de enemigos internos y vuelta a la doctrina de seguridad nacional.
- Negativa de elegir magistrados de CSJ y de apelaciones, así como negligencia y desobediencia a cumplir con las sentencias que emite la Corte de Constitucionalidad.
Puedo agregar más, quizá es importante recordar que el ataque al Procurador de los Derechos Humanos es una acción de suma gravedad en el contexto de fortalecimiento institucional democrático. También debo decir que la criminalización y la represión sobre los pueblos indígenas ha sido constante, es decir, no exclusiva de este gobierno.
Ahora bien, para que los descendientes autoritarios puedan cumplir sus funciones con impunidad (recordemos que este es otro rasgo) necesitan de jueces y fiscales, sí, del poder punitivo efectivo y no basado en garantías constitucionales. Es por ello por lo que no han electo magistrados, es por ello que la fiscal actual esta como anillo al dedo.
Los descendientes del autoritarismo se aprestan a comprar equipos de intervención telefónica y de comunicaciones en redes sociales, a rastrear ideas y censurarlas mediante la fuerza, la intimidación penal y el abuso de autoridad.
Urge retomar una agenda de defensa del orden institucional democrático constitucional, esto es, defender la existencia de la PDH y de la CC. Urge retomar una agenda de depuración de fondo del sistema de justicia, esto implica, cambiar el modelo de selección de magistrados y jueces, así como de nombramiento de magistrados CC. Urge que renuncie el Ministro de Gobernación y la cúpula de la PNC; urge que la fiscal general de un paso al costado del Ministerio Público.
Todo esto es posible sí y solo sí la ciudadanía se organiza y articula para que los descendientes del autoritarismo sean remplazados por ciudadanos democráticos y de derechos humanos.
