Una de las libertades más valiosas que la humanidad haya conquistado es la libertad de locomoción. Hasta hace relativamente poco tiempo –si uno se fija en el desarrollo de la Civilización Occidental—no existía la posibilidad de circular libremente más allá del entorno próximo del propio pueblo o ciudad, de servirse de caminos, puentes, túneles, ferris y otras infraestructuras viales para ir de un sitio a otro, incluso dentro del mismo Estado. Ni de hecho ni de derecho.
Después de las grandes revoluciones que dieron paso al Estado moderno y a su evolución, hoy por hoy, los ciudadanos de casi todo el mundo han dado por hecho esta cara libertad. Empero, según han aumentado en número y variedad los medios de transporte y se han hecho más potentes, veloces y también peligrosos, ha sido necesaria su regulación al igual que el desarrollo del “ordenamiento vial”. Esto es un conjunto de instituciones y de reglas que procuran que los usuarios de las vías de transporte puedan hacerlo, al ejercer su libertad de locomoción –entre otras–, con seguridad y con eficiencia.
Todas las regulaciones conllevan, paradójicamente, una cierta limitación de las libertades individuales. El ejemplo de libro de texto es el de los límites de velocidad; salvo rarísimas excepciones, la generalidad de quienes transitan por las vías de transporte deben hacerlo dentro de ciertos límites de velocidad, de manera que otros puedan ir y venir con razonable seguridad y tranquilidad.
Pero en Guatemala, desde hace poco menos de un cuarto de siglo, el ordenamiento vial ha brillado por su ausencia y las vías de transporte –de cualquier tipo que sean—en lugar de ser unos medios oportunos para ejercer el derecho de libre locomoción, se han tornado en un cúmulo de experiencias peligrosas, costosas y desagradables.
En efecto, cualquier persona que se transporte de un sitio a otro en el territorio nacional se encuentra con cosas como las siguientes: a todo lo largo de la carretera los diversos medios de transporte colectivo se detienen donde mejor les parezca a recoger o dejar pasajeros, poniéndolos en riesgo al igual que a los otros vehículos que por allí transitan. En cuanto se arriba a una población cercana a la carretera –no importa si es la Ruta Interamericana o en dirección a cualquiera de los puertos más importantes para la economía nacional—tanto los vecinos del lugar como sus autoridades obstruyen la circulación con ventas a la vera de la carretera, con entradas y salidas a centros comerciales, talleres o bodegas cada pocos metros y, para echar limón a la herida, colocan túmulos y permiten la circulación de microbuses y de tuc-tuc, como si se tratara de una calle más del pueblo.
Como si todo eso fuera poco, los obstáculos causados por fenómenos naturales –un derrumbe resultante de lluvias torrenciales, por ejemplo—se remueven tan tardíamente que, en muchos casos, llegan a convertirse en parte del paisaje. Y, cuando finalmente un automovilista ha logrado avanzar en paz unos cuantos kilómetros, se ve obligado a reducir la velocidad porque un retén de policía crea un embudo que afecta el tráfico y la seguridad del mismo (¿qué pensaría usted, si fuera un turista?)
Más le vale no encontrarse con un accidente aparatoso pues las colas pueden llegar a diez o más kilómetros con enorme facilidad. De manera totalmente injustificada, dada la tecnología actual, las autoridades que deben verificar los hechos y tomar las medidas legales y de seguridad oportunas, se toman horas para realizar sus funciones dando lugar así a atascos interminables que, por supuesto, generan una pérdida de tiempo y dinero para miles de ciudadanos, contaminación ambiental y enormes frustraciones.
La libertad de locomoción es, verdaderamente, una de las dimensiones de la vida humana que, en nuestros días, determina las posibilidades de desarrollo de millones personas. Cuando viajar se torna en una pesadilla, en lugar de un medio adecuado para realizar parte de los planes de vida que cada persona se traza en su vida, esa libertad tan valiosa se difumina, se pierde.
Puede que haya otras prioridades que cubrir que impidan construir más libramientos, puentes, túneles o carriles de ascenso; pero nada, nada justifica el desorden vial que, actualmente, degrada todavía más unas infraestructuras que, en sí mismas, son ya obsoletas e insuficientes.
