El Código Municipal emitido en 1988, a tono con el espíritu constitucional que reconoce a los municipios una autonomía amplia, eliminó esa y otras restricciones. Se partía del supuesto que, siendo producto de la voluntad popular y la autoridad más cercana al ciudadano, harían uso responsable de la autonomía y los recursos municipales.
El ex alcalde Escobar, en el colmo del cinismo, para justificar sus elevadas dietas dijo que “todo funcionario público debe ser bien remunerado (…) Porque si usted quiere poner una dieta de un quetzal en Villa Nueva lo que va a generar es corrupción”. Nadie habló nunca de una dieta de Q1. Sería absurda, pero más absurda es una dieta de Q3,000 por sesión.
El equivalente de un salario mínimo por una sesión de una hora. Es una falacia que los salarios de los funcionarios deben ser elevados para evitar la corrupción. Otto Pérez era el segundo presidente mejor pagado de América Latina y robó a manos llenas.
Por el contrario, se cumplió el refrán popular de que les dieron la mano y agarraron el codo y un poco más. Por eso es justa y necesaria, digna de ser apoyada, la iniciativa de ley presentada por la bancada de WINAK para regular los sueldos de los alcaldes y las dietas de los síndicos y concejales. Porque si no se amarran las manos, hay que amarrárselas. Sin embargo, como hecha la ley hecha la trampa, deben limitarse los gastos de representación y prohibir que los integrantes de los concejos devenguen dietas por participar en directivas de empresas municipales o institutos por cooperativa. Los montos que propone WINAK – hasta cuatro salarios mínimos para el alcalde – pueden pecar de bajos, pero son un buen punto de partida para la discusión.