De muchos es sabido que en Guatemala la salud se ha convertido en un negocio para enriquecerse con la necesidad de la población. Las farmacéuticas en conjunto con las autoridades corruptas han permitido que los precios de los medicamentos sean los más caros de la región e inclusive se pague el triple de lo cuestan en otra parte del mundo.
Viene a colación el tema porque en medio de la pandemia provocada por el coronavirus COVID-19 y la tardía adquisición de la vacuna contra el SARS-CoV-2, la ministra de Salud, Amelia Flores en una entrevista con Emisoras Unidas, aseguró que «el país está abierto al momento en el que los fabricantes liberen la venta a nivel privado para que se pueda dar».
Eso quiere decir en pocas palabras que el Gobierno de Guatemala está esperando que las empresas farmacéuticas que crearon la vacuna contra el COVID-19 liberen el mercado para obtenerla y venderla a altos precios, lo que pone en desventaja a la población que vive en pobreza y pobreza extrema en nuestro país.
El manejo de la pandemia ha sido un baile de millones en Guatemala y ahora con este anuncio sin duda el Gobierno se quiere seguir lavando las manos, para que la iniciativa privada compre y venda la vacuna que en la mayoría de países ha sido gratuita. Pero lo más preocupante es que se ve que no hay intenciones serias por parte de las autoridades para traer de inmediato la vacuna que primero llegó a El Salvador que a nuestro país, en donde se supone se habían hecho las gestiones para que estuviera lo antes posible.
Aunado a esa situación se ve que las autoridades de Gobierno solo piensan comprar unas cuantas vacunas “para taparle el ojo al macho” y se diga que ellos vacunaron a la población para después dejarnos en las manos de los empresarios que sin duda se aprovecharán de la necesidad de la gente por vacunarse y para no morir por esta pandemia.
A esto se le suma que ahora sale a luz una denuncia presentada por la Ministra de Salud, por la compra por casi US$1 millones, de pruebas de COVID-19 falsas, las cuales se habrían utilizado en varios departamentos del país, con lo cual refleja que los datos del tablero electrónico para dar a conocer el número de casos acumulados de la enfermedad no han sido reales, como desde el inicio hemos denunciado la falsedad de esos datos.
La existencia de dicha denuncia se conoció luego de una publicación realizada por la agencia internacional de noticias Associated Press (AP), que indicó que se adquirieron 30 mil pruebas falsas para utilizarse en hospitales regionales de Zacapa, Huehuetenango y Chimaltenango a la empresa Kron Científica e Industrial Sociedad Anónima.
Según AP, la titular de Salud, Amelia Flores, presentó la denuncia el pasado lunes ante el Ministerio Público (MP) por los delitos de distribución y comercialización de medicamentos falsificados, productos farmacéuticos falsificados, dispositivos médicos y materiales médico quirúrgico falsificados.
Flores pidió que se investigue a los representantes de la empresa Kron Científica e Industrial S.A., Juan Pablo Arocha Urbin y a Luis Alfredo Arocha Bermúdez por posibles delitos de estafa, perjurio, falsificación de documentos privados, conspiración y fraude; así como a Ronaldo Estrada Rivera, exfuncionario de Salud y actual Viceministro de Cultura y Deportes, por haber firmado el contrato de compra.
Todo esto demuestra una vez más que la salud de la población guatemalteca no es más que un asqueroso negocio, para seguir beneficiando a un grupo reducido, como lo demostraron aquellos casos descubiertos por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) con el apoyo de la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), IGSS-PISA y Negociantes de la Salud.
Nos resistimos a creer que en Guatemala no haya profesionales honestos y con ética inquebrantable para quienes la salud no sea un negocio, sino un derecho fundamental, este es un llamado de atención para no seguir haciendo un negocio de lo que debería ser un derecho de la población.
