LA REFUNDACIÓN DE LA SOCIEDAD GUATEMALTECA

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Luis Fernando Mack

“Este Estado no nos sirve y nunca nos ha servido a las inmensas mayorías empobrecidas, explotadas y oprimidas de este país” Mario Sosa.

La complejidad de una sociedad en la que los códigos y leyes escritos están pensados para favorecer y alentar a cultura de la transgresión es el auténtico problema que impide el cambio estructural, ya que desterrar la anomia no es tarea fácil: requiere, en primer término, establecer nuevos valores y formas de pensar, pero también de forma dramática, la revisión detenida del marco legal para desterrar los vacíos, las contradicciones y el lenguaje ambiguo, que es el que favorece en última instancia la instrumentalización del derecho para fines particulares. Esta revisión del marco legal, que ya de por si es compleja y tediosa, se vuelve imposible cuando quienes tienen el poder de reformar el marco legal, son precisamente quienes no tienen ningún interés en validar el cambio, tal como ocurre en la actualidad. 

Los intentos de reformar la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP), por ejemplo, es una buena forma de ejemplificar esta imposibilidad del cambio: desde que en enero de 1997 se conformó la Comisión de Reforma Electoral (CRE), han existido incontables esfuerzos por avanzar en una reforma que permita democratizar a la democracia, pero tales intentos han chocado con los intereses afincados en el Organismo Legislativo. 

La sensación, por tanto, siempre es de desánimo: proyectos de discusión que se hacen interminables, con avances a cuentagotas y con un horizonte de posibilidad siempre muy bajo. ¿Cómo se puede cambiar un sistema electoral, cuando los principales beneficiarios de sus defectos son quienes tienen el poder de cambio o de su estancamiento?

Lo mismo puede decirse de la Constitución de la República de Guatemala, la cual debió haberse modificado desde 1999, a partir de los Acuerdos de Paz, para fortalecer, entre otras cosas, al poder judicial, de manera que este fuera un avance significativo en la lucha contra la impunidad. Con ese espíritu, la CICIG y el MP retomaron el espíritu de cambio contenido en la propuesta de reforma de 1999, y presentaron en el 2016 una nueva propuesta, que fue bloqueada por el Congreso de la República en repetidas oportunidades durante el 2017, debido a que este proyecto afectaba seriamente la forma en la que los actores en el poder se han acostumbrado a actuar, instrumentalizando las instancias judiciales para proteger fines particulares. La captura de dos activistas sociales hace pocos días, parece demostrar ese sesgo estructural con el que actúa la justicia: diligente para apresar opositores, ineficiente y tortuoso para procesar las denuncias de los aliados. 

Lamentablemente, mientras no se logre avanzar en desarrollar un nuevo marco normativo que empiece por los cambios en la Ley Electoral (LEPP) y la Constitución de la República de Guatemala, las posibilidades de un cambio estructural siguen limitadas: se reproduce el acceso al poder de los actores políticos que se acostumbraron a operar bajo la lógica de la anomia del Estado (LEPP), así como se logra mantener la concentración de poder gracias al mal diseño de los mecanismos de pesos y contrapesos que deben impedir el abuso de poder  (Constitución de la República).

La tarea parece titánica, ya que enfrenta al menos, dos grandes visiones de la sociedad que se quiere: la de los grupos subalternos que quieren revertir la marcada exclusión social y política que es una característica estructural ampliamente reconocida, y la de los grupos dominantes, que siguen pensando en defender y profundizar el modelo de sociedad vigente; hablamos de ese modelo que en la década los años sesenta del siglo pasado, originaron la cruenta guerra civil, de la cual Guatemala aún no logra superar, pese a todos los esfuerzos por encontrar los caminos de la paz.

La renovada lucha que en Guatemala se libra desde el 2015 tiene como meta final revertir esa matriz de relaciones sociales dominadas por la concentración del poder, la exclusión social, política y económica de la mayoría, objetivo que aún cobra vigencia si se quiere desterrar el fantasma de la violencia y la polarización social que aún hoy son muy evidentes en el diario vivir de la sociedad guatemalteca.