“Un derecho de excepción (está) destinado a regir en situaciones de anormalidad, ya sea política, económica o social, nacional o internacional” (Emilio Pfeffer Urquiaga)
Un nuevo capítulo memorable se ha escrito en la política nacional en este semana, cuando el mundo entero ha sido testigo de la característica más evidente de la anomia con la que se estructuran las instituciones y la acción política en Guatemala, una que podríamos denominar “la política de las excepciones”. Todos los ordenamientos legales del mundo contemplan situaciones en las que algunos derechos o leyes quedan temporalmente suspendidos como una forma de enfrentar situaciones anormales y urgentes que requieren una respuesta excepcional de las instituciones públicas.
El problema para sociedades como la guatemalteca es que, por razones estructurales de larga tradición que sería muy extenso describir en este espacio, se tiende a convertir la emergencia en normalidad, de manera que los políticos, los funcionarios públicos y hasta la ciudadanía, operan con la mentalidad de buscar siempre aquellas excepciones que les garanticen mantener sus privilegios y alcanzar sus objetivos, de manera que de forma regular, se aplica el ordenamiento legal de forma casuística e interesada. La forma en que se integró la corte de Constitucionalidad (CC) es el ejemplo más palpable y claro que demuestra esa naturaleza anómica del Estado guatemalteco.
El decreto 3-2021, sancionado el 25 de marzo de este año por el Congreso de la República, ya anticipaba la estrategia política para que asumiera una magistrada considerada contraria a los intereses dominantes: se establecía que únicamente iban a ser juramentados aquellos profesionales que no tuvieran acciones legales pendientes: unas horas antes del acto de juramentación, se presentó un amparo contra la magistrada non grata, lo que llevó a que fuera suspendida su juramentación. Sin embargo, siguiendo con ese argumento, el Congreso hubiera tenido que desestimar prácticamente todas las designaciones, ya que la batalla legal por la designación de la CC, prácticamente se extendió a todos los magistrados electos. La política de la excepción, sin embargo, funcionó de forma inmediata: se evita el nombramiento de una, se permite la del resto, a conveniencia del poder político dominante.
La crisis política que vivió Guatemala en el 2015, y los esfuerzos que se realizaron para combatir la corrupción que se desarrollaron hasta el 2017, provocaron una coordinada y bien articulada reacción que coloquialmente se ha llamado “pacto de corruptos”, por lo que ahora la política de la excepción está en su pleno apogeo. Ahora es más evidente que nunca la forma casuística, interesada y excluyente con la que opera la política nacional, por lo que las posibilidades de transitar de esa arraigada cultura de la transgresión a una de legalidad, es el mayor y más grande obstáculo que tenemos como guatemaltecos, para construir un mejor país.
La lógica de la excepción, sin embargo, no solo caracteriza la acción del Estado y los políticos guatemaltecos; también retrata de cuerpo entero a la sociedad civil y la ciudadanía guatemalteca: en la juramentación del abogado Mynor Moto, ya la sociedad civil había clamado por la no juramentación del juez, debido a las impugnaciones que tenía, y nadie se indignó porque finalmente le fuera vedado su llegada a la CC. Ahora que ocurre lo mismo con Gloria Porras, todos claman por su juramentación, pese a que tiene procesos pendientes.
Los ciudadanos operan con una lógica similar: no pagan impuestos porque les conviene, no acatan las leyes de tránsito, por lo que se estacionan en lugares prohibidos amparados en sus luces de emergencia que se vuelven el escudo para todo, y andan en busca de conocidos o amigos que les ayuden a hacer trámites oficiales, o para poder ser colocados en algún puesto público.
Mientras siga operando esa política de excepción, Guatemala difícilmente superará la causa estructural más notable que favorece la variedad de males que ya conocemos: violencia, inseguridad, injusticia, exclusión generalizada, todo lo cual es la causa real del subdesarrollo que siempre hemos padecido. Encontrar la ruta para refundar a la sociedad desde normas que incluyan a todos, y que se apliquen a todos por igual, es la única alternativa viable para salir del atolladero en que nos encontramos.
