“Si la violencia es coerción, el respaldo será consenso o legitimidad “, Nicolás Maquiavelo.
Las noticias dominantes en países como Guatemala siempre terminan enfatizando un permanente conflicto entre las decisiones de los gobernantes y autoridades, y los deseos y anhelos de la ciudadanía, aspecto que es muy evidente en el conflicto social que prevalece en el área de El Estor, Izabal: la punta del iceberg de toda una serie de conflictos que se multiplican a lo largo y ancho de nuestro país.
El elemento detonador de muchos conflictos que se desarrollan por la extracción de recursos naturales tiene su base en la desigualdad que se establece entre las empresas y las comunidades, debido a que los primeros siempre tienen mayor capacidad de comunicar sus intereses y demandas, frente a la relativa poca capacidad de los comunitarios de dar a conocer sus demandas y preocupaciones. La poca funcionalidad y legitimidad de las instituciones encargadas de velar por los intereses de la mayoría, en este caso, las autoridades legislativas, judiciales y de las fuerzas de seguridad que se encargan del orden, favorece que aunque existan decisiones gubernamentales que supuestamente validan y acuerpan las actividades extractivas, los movimientos sociales que se identifican como parte de la defensa del territorio, siempre terminan desafiando las medidas institucionales, lo cual afinca un conflicto permanente que por momentos desaparece de lo visible, pero que se mantiene vigente de forma latente por mucho tiempo, tal como ocurre en este caso del Estor, cuyo conflicto se ha mantenido desde el inicio de las operaciones de la empresa minera, en el 2014.
El problema de origen es que, como es común a muchos otros procesos extractivos, las empresas se instalan en comunidades que tienen poca información sobre las actividades empresariales, además de que existen pocas garantías de parte de las autoridades nacionales en acompañar a los comunitarios, para garantizar que las preocupaciones sociales de los potencialmente afectados sean adecuadamente resueltas. El resultado: procesos de mediación y resolución de conflictos se mantienen latentes por mucho tiempo, debido a que el Estado es incapaz de garantizar el bien común de la ciudadanía.
El legado de la Mina Marlin, que operó en San Miguel Ixtahuacán, San Marcos, en el período 2004-2017, es un ejemplo de la debacle ambiental y social que los proyectos extractivos dejan a su paso, ante la indiferencia y complicidad de las autoridades gubernamentales, que se vuelven ciegos y sordos al clamor ciudadano.
Ahora, como un viejo libreto que se repite, las autoridades gubernamentales decretan un Estado de Sitio en el lugar, que permite el ingreso masivo de fuerzas de seguridad, garantizando de esa forma el derecho de la empresa, sin considerar por un momento si los reclamos o las preocupaciones de los ciudadanos tienen fundamento, aspecto que siempre ha sido una constante de parte de las instituciones nacionales desde que se estableció el marco legal que favorece este tipo de inversión, legislación que proviene del gobierno del Presidente Oscar Berger.
Lamentablemente, la forma en que se han estructurado las instituciones nacionales garantiza que este tipo de conflictividad se repita de forma periódica, ya sea en el área del Estor, como es en este caso, o en alguno de los muchos otros focos de conflictividad que perviven en nuestro país. Por eso, el discurso de la refundación tiene tanto eco dentro de los movimientos sociales, debido a que es ampliamente reconocido que la institucionalidad nacional que se construyó desde la época de la independencia ha permanecido estructurada para negar el bien común, y garantizar el privilegio que tienen algunos sobre la vida, el derecho y las posibilidades de un futuro mejor de la mayoría. Mientras sigamos manteniendo esta inercia excluyente, racista y discriminadora, la conflictividad seguirá latente por mucho tiempo, hasta que estalle en enfrentamientos sociales, como sucede en este caso del Estor.
