Las poblaciones originarias sobre todo Maya Q’eqchi’ han estado por décadas luchando en contra de las políticas neoliberales facilitadas y con el visto bueno del Estado guatemalteco a favor de empresas nacionales y transnacionales; como antecedente importante de estas políticas coloniales y extractivas están los proyectos implementados durante la Reforma Liberal y por su puesto los proyectos desde las década de los sesentas en la Franja Transversal del Norte por la oligarquía y militares. El uso de la fuerza y la militarización ha sido una constante de parte de los gobiernos ante las reivindicaciones y resistencias de los pueblos. Esta responde a la alianza histórica entre Estado, gobierno, oligarquía, capital transnacional y militares forjados desde la contrarrevolución.
El contexto actual de lucha y resistencia del pueblo Maya Q’eqchi’ en El Estor, Izabal ante la Compañía Guatemalteca de Níquel –CGN- de Solway Investment Group evidencia que no sólo es una lucha histórica contra empresas e industrias extractivas, sino en contra del Estado y gobierno guatemalteco.
La realidad no ha cambiado para los pueblos, los discursos que buscan validar y enaltecer los 200 años de independencia del país no logran encubrir que los pueblos siguen en la misma condición de opresión y represión de parte de las autoridades estatales y gubernamentales. Los horrores y violencias hacia la niñez, juventud, campesinos, mujeres, activistas indígenas implementados durante los 36 años de Conflicto Armado Interno no parecen haber culminado para los pueblos y familias indígenas. Las 11 mujeres Q’eqchies violadas por agentes de la Policía Nacional Civil –PNC-, ejército y guardias de seguridad privada de la CGN durante el desalojo en el año 2007; el asesinato del pescador Carlos Maaz por un agente de la PNC en el 2017 y su encubrimiento por las autoridades gubernamentales, la criminalización de líderes, lideresas y periodistas, son una muestra sangrienta y violenta de lo que han sido estos “años de paz” en contexto del bicentenario para los pueblos originarios en Guatemala.
Las tácticas represivas de las fuerzas policiales y militares para silenciar y violentar los derechos humanos de poblaciones originarias son cotidianas en este país, herencia de los gobiernos autoritarios y militares para estos gobiernos “democráticos”.
El contexto de pandemia del COVID-19 en Guatemala fue una oportunidad para el gobierno de Alejandro Giammattei para endeudar más al país, para facilitar procesos impunes y corruptos, pero sobre todo para reprimir a los pueblos brindando mayores facilidades a empresas nacionales y transnacionales para la explotación, expropiación y despojo de tierras ancestrales. Los estados de calamidad y estados de sitio son herramientas que les ha permitido a los gobiernos violentar la democracia que se había pensado construir desde la firma de los Acuerdos de Paz. Una muestra más de que Guatemala no ha sido democrática, solo han sido nombres que encubren todas las violencias que persisten hacia los pueblos que buscan un Estado que los represente e incluya.
La democracia en este país parece circunscribe solo en la cuestión electoral, por ello, la participación directa de los pueblos es limitada al voto, y cuando los pueblos logran atravesar y desafiar esta barrera mediante el liderazgo, son atacados, despreciados y criminalizados social y políticamente.
