(Parte 2ª)
Guatemala no debe olvidar su historia, se condenaría a repetirla.
Con siete años de funcionamiento de CICIG en el país, la administración del Ministerio Público que inició gestiones en mayo del año 2014 y concluyó en mayo de 2018, se propuso el fortalecimiento de la Institución, especialmente en el área fiscal y técnica para mejorar la calidad de la investigación y del litigio en los tribunales de justicia.
Para el año 2014, el Ministerio Publico contaba con importantes unidades de apoyo a la investigación. La Dirección de Análisis Criminal y la Unidad de Métodos Especiales sobresalían en una Institución que estaba convirtiéndose en garante de la prevalencia del Estado de Derecho en el país. Vale la pena señalar que para ese año, la Dirección de Análisis Criminal -DAC- contaba con analistas que estaban siendo capacitados por personal de la Comisión internacional contra la impunidad, al concluir el periodo de esa administración en mayo de 2018, la DAC contaba con suficientes analistas nacionales especialistas en diversas materias para contribuir a la investigación criminal y con las fiscalías. Varios de estos analistas fueron ubicados temporalmente en la Comisión para apoyar su trabajo, lo que fue un acto de traslado de capacidades sin precedentes en el sector Justicia de Guatemala. Por su parte la Unidad de Métodos Especiales fue fortalecida, para lo cual se contó con el valioso apoyo de la comunidad Internacional, se amplió al doble su capacidad y se continuó con el esfuerzo de capacitación y mejora continua. En suma, en todas las áreas de la Institución se avanzó en su fortalecimiento.
La contraparte de CICIG en materia de investigación y litigio era la Fiscalía Especial contra la Impunidad -FECI-, esta Fiscalía funcionaba con un nivel técnico que igualmente sobresalía en la Institución. En el año 2008 se firmó un Convenio entre el Ministerio Público y la Comisión, este Convenio tuvo como objetivos fundamentales apoyar, fortalecer y coadyuvar a las instituciones del Estado encargadas de la investigación y la persecución penal de los delitos cometidos con ocasión de la actividad de los cuerpos ilegales de seguridad y aparatos clandestinos de seguridad y cualquier otra conducta delictiva conexa con estos. Asimismo indicaba el Convenio en cuestión la importancia de la determinación de estructuras criminales, actividades, formas de operar y fuentes de financiamiento a efecto de conseguir por un lado su desarticulación y por otro lado alcanzar la sanción penal de los partícipes de los delitos, además de generar y crear los mecanismos y procedimientos que fuesen necesarios para la protección de los derechos a la vida e integridad de las personas.
Como objetivo específico del Acuerdo se indicó la necesidad de fijar los parámetros de cooperación entre el Ministerio Público y la Comisión para el cumplimiento de los fines de cada institución, respetando la plena autonomía del ente encargado de la persecución penal en el país. Se fijó el mecanismo para la investigación de manera conjunta; se acordó que CICIG daría acompañamiento y asesoramiento técnico al personal del Ministerio Público, así como la capacitación necesaria y gestionaría el apoyo de organismos internacionales para contribuir a dicha actividad.
A partir de la instalación de la CICIG surge en Guatemala la posibilidad de fortalecer el sistema de justicia, acceso a la justicia para todos, pronta, cumplida y eficaz.
Sin duda el panorama era alentador, se podía alcanzar la democracia como estilo de vida, porque un país con un sólido Estado de Derecho puede desarrollarse con oportunidades para sus habitantes. En ese ambiente era posible la implementación de los Acuerdos de Paz y probablemente Guatemala empezaría la ruta para convertirse en una gran nación, un faro de luz para América Latina, era una oportunidad, una esperanza.
