“Un Estado donde queden impunes la insolencia y la libertad de hacerlo todo, termina por hundirse en el abismo.” Sófocles
El día 9 de diciembre fue declarado por la Organización de Naciones Unidas (ONU) como día internacional en la lucha contra la corrupción; justo un día después, se celebra la conmemoración de la ratificación por parte de la ONU de la Declaración Universal de Derechos Humanos, hecho que ocurrió en 1948, justo unos años después de la barbaries ocurridas durante las dos guerras mundiales iniciadas en los años de 1914 y 1939.
La temporalidad de ambas fechas parece no ser casual, debido al impacto que tiene la corrupción en la negación sistemática de los derechos humanos, debido a la acción errática, ineficaz y francamente ineficiente de las instituciones públicas, debido a que existe una instrumentalización de los poderes públicos para alcanzar beneficios particulares, lo cual atenta contra los derechos humanos de todos aquellos que se ven afectados por este actuar sesgado e interesado de las instituciones públicas.
El mejor ejemplo de cómo la corrupción afecta los derechos humanos es la crisis permanente del sistema de salud, debido a las pésimas condiciones laborales y de permanente falta de insumos e infraestructura en la que la mayoría de los hospitales y centros de salud operan, negando de forma sistemática el derecho a la salud de una gran mayoría de la población. Lo mismo ocurre con el tema de la educación, la infraestructura, la seguridad pública, y una larga lista de campos en los que la mala administración de los recursos niega de forma sistemática los derechos humanos de una gran mayoría, que se encuentra sistemáticamente vulnerada por la ausencia de instituciones realmente comprometidas con el desarrollo del país.
En la discusión sobre la corrupción, sin embargo, frecuentemente se olvida que la corrupción tiene una relación directa con la impunidad, entendida como la condición que permite que sean cometidos toda clase de delitos sin que las personas responsables paguen las consecuencias. En ese sentido, cuando una sociedad aprende que pueden perpetrarse crímenes sin que exista un castigo para los responsables, la sociedad se va degradando paulatinamente en una serie de problemas que se convierten en una vorágine sin fin. Uno de los primeros efectos en lo inmediato es que alienta la violencia producida por la búsqueda de la justicia por mano propia, pero en el largo plazo, produce desánimo, sensación de inseguridad y falta de confianza en quienes no conozco: la impunidad impacta en las personas y en la sociedad, debido a que produce efectos psicológicos que pueden ser más traumatizantes que los mismos hechos violentos que han sufrido las víctimas.
La impunidad se ampara también en las fallas sistemáticas del sistema de justicia, debido a que existen dudas razonables sobre la imparcialidad de jueces y magistrados, quienes frecuentemente son cooptados por las redes de corrupción, haciendo de los operadores de justicia, actores corrompidos por los intereses de quienes quieren mantener intacto el manto de la impunidad.
El reciente escándalo por el asesinato de Melissa Palacios y la actitud parcializada del Juez que lleva el caso, quién de forma sorprendente, modificó la naturaleza del delito para beneficiar a los acusados con medidas sustitutivas que les permitirán recobrar la libertad, es un ejemplo palpable de cómo la captura del sistema de justicia y la consecuente ineficacia de las autoridades en procesar a los culpables, produce no pocos conflictos, tal como ocurrió inmediatamente después conocerse el fallo del juez: la familia, en un acto de protesta, intentó llamar la atención del sistema mediante actos de protesta, y ahí ocurrió el segundo vejamen: los policías terminaron atropellando a la madre de la víctima, en un caso que ha producido indignación de la ciudadanía en redes sociales.
Desterrar la corrupción, por lo tanto, empieza por señalar de forma sistemática y contundente, la muy arraigada cultura de impunidad que se multiplica en Guatemala, en donde no solo las autoridades y funcionarios públicos buscan realizar actos anómalos, sin obtener un castigo ejemplar: también los ciudadanos buscan de mil y una forma, evadir las responsabilidades y disposiciones públicas, debido a que ya se sabe que en Guatemala, quién la hace, frecuentemente no la paga.
