Una cualidad de la Justicia es hacerla pronto y sin dilaciones; hacerla esperar es injusticia. Jean de la Bruyere (1645-1696) Escritor francés
El 13 de octubre del presente año, se cumplirá un año de retraso en el proceso de elección de Cortes de apelaciones y de Corte Suprema de Justicia, aspecto que quizá pasa desapercibido para la mayor parte de la población guatemalteca, pero que tiene consecuencias insospechadas para la estabilidad y la convivencia pacífica en una sociedad tan convulsa como lo es Guatemala: de la fortaleza e independencia del poder judicial depende la posibilidad de resolver pacíficamente las controversias, ya que el sistema judicial es el encargado de mediar entre los particulares, de manera que existen canales legales e institucionales que garantizan el cumplimiento de contratos y la inviolabilidad de los derechos ciudadanos.
Del sistema Judicial también depende la posibilidad de castigar los comportamientos que atenten abiertamente contra el Estado de Derecho: el castigo a quién comete una ilegalidad debe ser la posibilidad de ser condenado en un juicio, aunque también la posibilidad de que en el camino, se garantice el debido proceso: el derecho de la legitima defensa, contenido en el artículo 12 Constitucional: “La defensa de la persona y sus derechos son inviolables. Nadie podrá ser condenado, ni privado de sus derechos, sin haber sido citado, oído y vencido en proceso legal ante juez o tribunal competente y preestablecido.”
La incapacidad del sistema de castigar a los culpables -la impunidad-, o de proteger a los inocentes -la injusticia-, tiene consecuencias nefastas para una sociedad, ya que ante la imposibilidad de garantizar la plena vigencia de la ley, los particulares tienden a buscar medidas de justicia por mano propia, lo cual genera muchos conflictos y produce actos de violencia cotidianos, tal como estamos acostumbrados en nuestro país, donde la ley del más fuerte es la que prevalece.
Usualmente, los ciudadanos viven ajenos a esta realidad, hasta que por algún azar del destino, necesitan acudir al sistema judicial, tal como relata en un reportaje reciente de Prensa Libre, al ilustrar el caso de Eunice Velásquez, quién fue arrestada por una confusión, pero mientras tanto, tuvo que padecer las vejaciones que se sufren en las carceletas del sistema: dicho “error” le costó dinero y tiempo, dejándole una desagradable experiencia de vida. Justo por esa precariedad e ineficiencia institucional, los ciudadanos salen a las calles, encomendándose a Dios: un accidente, un asalto, una contingencia en la vía pública puede significar enfrentarnos a ese sistema caduco, carente de recursos e incapaz de impartir justicia pronta y expedita, multiplicando de esa forma las anécdotas de ciudadanos que han tenido la mala suerte de sufrir en carne propia la ausencia de un sistema de justicia eficiente y probo.
Por ello, el vacío legal e institucional causado por el largo y tortuoso proceso de elección de las cortes debe ser motivo de preocupación ciudadana, ya que hablamos de una posible crisis institucional que no tiene antecedentes en la historia de Guatemala: la prolongación indebida en el ejercicio del cargo por parte de los actuales magistrados en funciones, así como la batalla legal que ha enturbiado todo el proceso de elección de cortes, puede desembocar en un sinfín de recursos legales, debido a los conflictos y contradicciones que se acumulan entre las instituciones más importantes del Sistema: Congreso de la República, Corte de Constitucionalidad, Procuraduría de los Derechos Humanos, Ministerio Público, entre otras instituciones relevantes.
Lamentablemente, en este y en otros muchos ejemplos, Guatemala sigue el camino opuesto al que recomiendan todos los especialistas: en vez de ir fortaleciendo y mejorando la capacidad de las instituciones públicas, los guatemaltecos hemos ido presenciando el lento y sostenido socavamiento del Estado, abriendo la posibilidad de que lleguemos a una nueva crisis, esta vez, con consecuencias insospechadas.
