La Constitución Política de Guatemala en su artículo 113 habla sobre el Derecho a optar a empleos o cargos públicos. “Los guatemaltecos tienen derecho a optar a empleos o cargos públicos y para su otorgamiento no se atenderá más que a razones fundadas en méritos de capacidad, idoneidad y honradez”.

Esos méritos que establece el artículo 113 deben cumplirse a cabalidad para quienes quiere ocupar un cargo público, sin excepción alguna. Viene esto como referencia del proceso que actualmente se vive en el país para elegir un magistrado de la Corte de Constitucionalidad (CC), por parte del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG).

En ese proceso el pasado 4 de enero, el Juez Tercero Penal, Mynor Moto y el exrector de la Universidad de San Carlos, Estuardo Gálvez, pasaron a segunda vuelta en la elección para ocupar una magistratura que concluye el 13 de abril próximo, es decir estarán en el cargo 3 meses aproximadamente.

Días antes de que se llevara a cabo la elección, el Ministerio Público (MP) reprochó la idoneidad de ambos candidatos para integrar la CC en sustitución del magistrado Bonerge Mejía, quien falleció el 5 de septiembre de 2020.

La Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) señaló públicamente, que el juez Mynor Moto, como titular del Juzgado Tercero de Instancia Penal ha emitido resoluciones contrarias a la ley, por lo que se han presentado antejuicios en su contra, el más reciente por su presunta implicación en el caso Comisiones Paralelas 2020.

Según la FECI, Moto asumió el control jurisdiccional del caso Comisiones Paralelas 2020, pese a que se ha reunido de forma privada con personas vinculadas a la investigación y a Gustavo Alejos.

Entre tanto, en el caso del exrector de la USAC, Estuardo Gálvez, la FECI mostró su preocupación por el hecho de que fue una de las personas que visitó a Gustavo Alejos, vinculado a diversos casos de corrupción, cuando este se encontraba internado en un sanatorio de la zona 2 capitalina, desde donde influía para la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y Corte de Apelaciones.

Además existe un proceso de investigación en su contra por la aprobación de proyectos de obra gris sobrevalorada en la USAC, cuando fungió como rector de dicha casa de estudios superior.

Por ello el Juzgado Sexto Civil, otorgó a un grupo de abogados una acción de amparo que frenó las elecciones que se desarrollarían este lunes. Entre tanto los abogados Helmer Rolando Reyes y Soazig Amanda Santizo presentaron un amparo en la CC para revocar el amparo del Juzgado Sexto y que se permita realizar la segunda vuelta, que hasta hoy 11 de enero no había sido resuelto.

Pese a que los procesos y acusaciones en contra de los dos candidatos a una magistratura han sido públicos, hemos visto que cientos de abogados los apoyan dando su voto y obviando todo principio ético y legal que garantice tener en la CC a los mejores profesionales del Derecho.

¿Habrá abogados verdaderamente idóneos para ocupar un cargo público?

Obviamente los hay, pero pareciera que son muy pocos y no participan en estos procesos que se prestan a la corrupción y a garantizar impunidad a unos cuantos.

La idoneidad de los abogados se ha puesto en tela de juicio, pues quienes vayan a votar por Moto o por Gálvez, saben que están votando por personas señaladas por la justicia, y que por lo tanto no son idóneos para ocupar un cargo público, pero además, apoyar a estas dos personas con el voto, significa que carecen de principios y valores.