La Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) corre en estos momentos graves peligros. El pecado radica en encarnar el legado institucional más directo de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), ente que acorraló a más de cien redes de corrupción de alto nivel.
A un año de la salida de la CICIG las regresiones democráticas se han venido palpando progresivamente. Estas estructuras enraizadas en los cimientos del Estado fueron descubiertas y eso provocó una reacción violenta. Ciertos actores antes vistos como ejemplares ahora son conocidos por jugar con doble agenda para mantener, en base a corruptelas, una centralización del aparato estatal en aras de favorecer a muy pocos, lo que perjudica, por tanto, a las mayorías.
La FECI ha logrado, aún sin CICIG, mantener latente la lucha contra la impunidad, lo que deriva en que aún palpite una narrativa social que sigue y defiende los casos de gran envergadura. La CICIG despertó una esperanza que, a pesar de los retrocesos, no se ha apagado.
El adelgazamiento de la maniobra de la FECI se ha acrecentado en las últimas semanas con acciones dirigidas. La Fiscal General Consuelo Porras le ha quitado a esta fiscalía importantes casos, sin argumentos creíbles, con miras a debilitarla. Le retiró una parte del caso La Línea y otro por conspiración del IGSS. Este último porque se sugirió la presentación de un antejuicio contra Leyla Lemus, secretaria general de Alejandro Giammattei. Se devela así una intención de no perjudicar al presidente, quien tendría la llave para reelegir a Porras.
Como colofón, la Fiscal General sancionó a dos fiscales que cerraron un caso contra una integrante de la FECI. Consuelo Porras, con vasta experiencia en moverse entre la burocracia jurídica, utiliza argumentaciones aparentemente legales para justificarse pero es evidente el objetivo de arremeter contra la fiscalía incómoda. En cualquier momento Porras se aminaría a destituir a Juan Francisco Sandoval o, incluso, deshacer la FECI al indicar que tras el cierre de la CICIG ésta no tiene razón de existir.
Esta serie de acontecimientos han levantado la ceja de la comunidad internacional. La Fiscal General ha sido hábil en querer dar a entender que cuenta con el apoyo de las embajadas. Cuando terminaba el periodo de la CICIG, para aminorar las críticas por no apoyar la prórroga de la Comisión, la jefa del MP argumentaba que un acuerdo con una agencia de la ONU -UNODC- firmado únicamente para recomendaciones, suplía el respaldo que Naciones Unidas otorgó a la CICIG.
También quiso dar la apariencia de que la Fiscalía Transnacional podría ser la preferida de Estados Unidos, relegando a la FECI a segundo plano. Sin embargo, la FECI sigue siendo la fiscalía con más respaldo por el país norteamericano y prueba de ello son las reuniones entre el Embajador Luis Arreaga y Juan Francisco Sandoval. En la despedida del diplomático se reunió con cuatro fiscales clave, entre ellos Sandoval, en donde no se incluyó a nadie de la Fiscalía Transnacional ni del despacho de la Fiscal General. Los mensajes a Porras han llegado desde cooperantes y en alguna medida eso ha contenido momentáneamente su embestida, pero estos riesgos no se han atenuado.
Los apoyos a la FECI se basan sobre todo en la credibilidad popular y los pronunciamientos públicos y privados de la comunidad internacional. Ante este grave atropello a la lucha contra la impunidad, conviene redoblar estos apoyos. Los países amigos deben ver con claridad las señales enviadas desde la cúpula del MP y el silencio ayuda a que el plan de cooptación continúe. La población y los medios de prensa debemos manifestar nuestro respaldo a los fiscales que se juegan la integridad todos los días y que siguen representando esa primera línea frente a las mafias y el crimen.
