Andrea Michelle Estrada Rendón, hija de Didier Giovanni Estrada Jiménez, propietario de la Inmobiliaria Las Rocas (ILR) quien arrendaba la casa al exministro de Comunicaciones, José Luis Benito, en La Antigua Guatemala, donde la FECI localizó Q122 millones, trabaja en el Juzgado Tercero de Primera Instancia Penal, a cargo del juez, Mynor Moto, según dio a conocer en una publicación elPeriódico.
Estrada Rendón es Oficial III del Juzgado dirigido por Moto, quien en días pasados no autorizó a la Fiscalía Contra la Corrupción una orden de captura por el caso Libramiento de Chimaltenango, en contra del exministro de Comunicaciones, ahora prófugo de la justicia.
Didier Giovvanni Estrada Jiménez está casado con Etna Lily Rendón Sánchez, quien fue la abogada de la familia Zimeri, para exponer ante la Comisión Especial del Congreso en contra de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), el caso de Andrés Zimeri, joven que habría sido golpeado por agentes de seguridad de la CICIG en un partido de futbol.
El titular de la Fiscalía contra la Corrupción, Stuardo Campo indicó que este extremo del vínculo entre una de las personas que dio en arrendamiento el inmueble que fue objeto de allanamiento por parte de la FECI, donde se encontraron los Q122 millones que aparentemente pertenecían a Benito, y la persona que trabaja en el Juzgado Tercero a cargo del juez Moto, quien efectivamente negó la orden de captura en contra del exfucionario, no le consta.
Campo aseguró que “esos extremos no le constan, ya que solo lo ha leído en medios de comunicación, pero considero que será la FECI quien está a cargo de la investigación de la incautación de la fuerte cantidad de dinero, seguramente profundizará en las pesquisas que están realizando, y determinar si es pertinente realizar una acción legal en un momento dado contra otra persona” dijo.
Entre tanto, en el caso del Libramiento de Chimaltenango dijo que ayer presentó un recurso de Apelación en contra del auto de falta de mérito que fue dictado a favor de 16 sindicados en el proceso, asimismo se presentó apelación de las medidas sustitutivas que el Juez Moto decidió otorgar a dos representantes legales de las empresas constructoras que fueron vinculados a proceso penal.
“Vamos a realizar nuevos requerimientos al juzgado y si tenemos la posibilidad de generar una nueva acción en cuanto a otro tipo de acción legal que se pudiera emprender lo estudiaremos y lo realizaremos oportunamente” dijo Campo.
