No existen salidas fáciles para el conflicto de visiones e intereses que hoy divide al país. (Editorial El Periódico)
La Unidad de Protección a defensoras y defensores de Derechos Humanos de Guatemala publicó recientemente una infografía sobre la realidad de Guatemala, resaltando que en lo que va del año, ha aumentado espectacularmente los atentados contra defensores y defensoras de los derechos humanos, ya que en los seis meses del año, se han producido mas atentados que el promedio anual de atentados de los últimos siete años: en el 2020, se han producido 620 agresiones, mientras que el promedio entre 2012 y 2019 fue de 512 agresiones al año; de continuar esta tendencia, este año podrían duplicarse las agresiones contra líderes y lideresas de la sociedad civil en Guatemala.
Las agresiones de este año se clasifican de la siguiente forma: 481 actos de criminalización contra lideres del movimiento social, dentro de los cuales se contabilizan 466 actos de intimidación, 13 denuncias judiciales que UDEFEGUA considera espurias, y 2 denuncias legales. Asimismo, se contabilizan 10 asesinatos: dos personas relacionadas con la comunidad LGBTIQ+, un ambientalista, cuatro personas relacionadas a los movimientos indígenas o de defensa por la tierra, un periodista, un sindicalista y un campesino; en cuanto a la organización, las amenazas y agresiones se han realizado dirigidas a 70 organizaciones de la sociedad civil guatemalteca, planteando todas estas cifras un panorama preocupante.
La pregunta fundamental que habría que realizarse es: ¿Qué explica ese repunte espectacular? Al respecto, dos hipótesis.
- Para nadie es un secreto que Guatemala ha estado particularmente enfrentada desde que en abril del 2015, se inició toda una serie de acciones para desterrar las prácticas de corrupción insertadas en la institucionalidad pública guatemalteca, por lo que desde hace algunos años, existe una férrea lucha por el control de instituciones clave. El último capítulo de tal conflicto es la batalla por la elección de cortes de justicia, proceso que se encuentra entrampado desde hace varios meses, sin que se avizore ninguna salida inmediata.
- La crisis sanitaria provocada por la Pandemia COVID-19 ha favorecido a quienes tienen tendencias autoritarias y regresivas, ya que el estado de excepción y el distanciamiento social han favorecido la desactivación parcial de la auditoria social y la movilización ciudadana, por lo que el panorama político y social es favorable a medidas de fuerza.
Lamentablemente, ambos procesos -el debilitamiento institucional y el aumento de las medidas de fuerza- tienen el mismo efecto: nos están acercando peligrosamente a una crisis de mayores proporciones, con lo cual el viejo adagio de que Guatemala está cerca del abismo quizá sea cierto esta vez.
Guatemala necesita construir una visión integral e incluyente de país, porque quizá en el corto plazo, alguno de los bandos que luchan por el control institucional van a triunfar, pero en el largo plazo, todos estaremos perdiendo, debido a que la experiencia demuestra que quien se alza con la victoria en un contexto tan polarizado, solamente aviva el sentimiento de injusticia y de revanchismo que alimenta permanentemente la llama del conflicto, la polarización y la violencia.
