Charles Lutwidge Dodgson, más conocido por su seudónimo Lewis Carroll, fue un matemático, fotógrafo y autor inglés, recordado por sus novelas Alicia en el país de las maravillas y su continuación A través del espejo y lo que Alicia encontró allí. Esta última novela narra como Alicia entra al mundo del espejo, en el que todo se hace al revés.
Allí ocurren las situaciones más inverosímiles, un atentado a las leyes naturales y al sentido común, sin dudas, el menos común de los sentidos. Hago la referencia a la obra literaria en cuestión precisamente por el eje transversal que atraviesa su trama: en el mundo detrás del espejo todo se hace al revés. A partir de allí, me atrevo a realizar un símil con las circunstancias de Guatemala.
En efecto, tal parece que, en nuestro país, las cosas se entienden y se hacen al revés. A guisa de ejemplos se pueden citar varios hechos que parecen superar los disparates del país de las maravillas o de aquél detrás del espejo. Los diputados emiten normatividad que parece buscar generar beneficios espurios para unos cuantos, además se rehúsan a elegir magistrados del Organismo Judicial. Éste ultimo organismo estatal, parece estar integrado por personas más interesadas en proteger a quienes a todas luces abusan del derecho y de sus cargos para beneficio propio o de terceros, antes que juzgar en el marco del debido proceso, a los posibles responsables de hechos delictivos vinculados a la corrupción.
Por su lado el Organismo Ejecutivo recorre el mismo sendero. Basta analizar críticamente su gestión desde el año 2020 a la fecha para percatarse lo desafortunado de la misma y la prevalencia de un discurso de corte populista, que no lleva a ninguna salida eficiente y eficaz de la crisis económica y de salud suscitadas por la pandemia provocada por el COVID 19.
Cabe afirmar que los tres poderes estatales han promovido una narración que invoca los intereses de la ciudadanía, pero que es sistemáticamente contradicha con las acciones o inacciones que prevalecen en dichas instituciones de la República. En este contexto es habitual invocar conceptos como el de soberanía o el de ideología, atribuyéndoles significados más bien a conveniencia de los intereses personales de las autoridades de turno y en total menoscabo del propósito para el que se constituyó el Estado de Guatemala: el bien común.
En este país detrás del espejo los requerimientos constitucionales se interpretan al revés. Por ejemplo, el artículo 113 de la Constitución, parece ser entendido de la forma siguiente: Para optar a cargos públicos únicamente será necesario atender a los requisitos de reconocida incapacidad, carecer de idoneidad y honradez. De la misma manera parecen interpretar al revés el resto de la normatividad vigente, quienes ocupan los cargos públicos de mayor relevancia. Por si fuera poco, están convencidos que no están sometidos a las leyes, al igual que algunos integrantes del sector privado.
La filósofa Aynd Rand en su obra “La rebelión de Atlas” parece describir nuestras circunstancias: “Cuando veáis que el comercio se realiza, no por consentimiento, sino por coacción. Cuando veáis que, para poder producir, necesitáis obtener autorización de quienes no producen, cuando observéis que el dinero fluye hacia quienes trafican, no en bienes, sino en favores, cuando veáis que los hombres se enriquecen por soborno y por influencia en vez de por trabajo, y que tus leyes no te protegen contra ellos, sino que les protegen a ellos contra ti, cuando veáis la corrupción siendo recompensada y la honradez convirtiéndose en autosacrificio, podéis estar seguros que vuestra sociedad está condenada.”
A la historia de represión y propensión al autoritarismo en este país, se suma ahora una especie de formalismo jurídico, concepto que señala que la ley es capaz de dar respuestas únicas a todos los problemas, pero en el caso chapín oculta que la legislación protege a quienes hacen daño a la sociedad y se aplica con absoluta arbitrariedad, en contra de quienes denuncian actos de corrupción y delitos con ella vinculados.
En efecto, en lugar de perseguir a los responsables de los casos de gran corrupción en el país, el sistema de justicia se voltea en contra de quienes han sido identificados como sus enemigos. El caso de algunos jueces del área penal es paradigmático. A los jueces que han emitido resoluciones que afectan a los integrantes de las redes de corrupción que operan impunes en el país, se les hostiga por todo medio posible. Por el contrario, a quienes están alineados en la protección del estatus cubo, se les premia, por ejemplo, con apoyos para llegar a las más relevantes magistraturas.
Se busca siempre, eso sí, guardar las apariencias. Los primeros en mostrarse ofendidos ante cualquier cuestionamiento a su supuesta “honorabilidad” son quienes forman parte de estas redes de corrupción y delincuencia. Utilizan como mecanismo de defensa el viejo anatema del comunismo. Invocan de igual manera una suerte de soberanía de tipo westfaliano. También aprovechan el lamentable racismo que aún impera en nuestras sociedades. Han logrado así, sumar a sus filas una serie de acólitos deseosos de mantener incólumes el estado de cosas en el país.
Quienes les apoyan, conscientes o no, parecen felices de mantener a Guatemala en esta condición de país detrás del espejo. Tan acostumbrados están a que todo se deba entender al revés.
