La magistrada Gloria Patricia Porras Escobar catalogó la decisión del Congreso de no juramentarla como Magistrada Titular de la Corte de Constitucionalidad (CC) para el período 2021-2026 como amenaza contra la independencia judicial.
«El 13 de abril, el Congreso impidió mi juramentación para el cargo. La decisión se basó en un tecnicismo legal –citando irregularidades en mi elección por parte del Consejo Superior Universitario y el hecho de que no soy docente universitaria–, luego de varios intentos de la misma coalición de congresistas para remover mi inmunidad como magistrada constitucional. En su conjunto, estos esfuerzos para castigarme por mis decisiones es una amenaza contra la independencia judicial», dijo Porras en una columna en el medio Américas Quarterly.
Agregó que la democracia, estado de derecho y estabilidad de Guatemala están bajo ataque, en un momento crítico para el país y sus vecinos, «mi remoción arbitraria del cargo es una amenaza directa a la autoridad de la Corte de Constitucionalidad misma, que desde la transición democrática de Guatemala ha jugado un rol clave en la resolución de grandes controversias a través de un mecanismo democrático e institucional», dijo.
Porras indicó que la CC ha demostrado ser un contrapeso vital al poder y la corrupción. Recordó que fue la corte la que puso un alto al expresidente Jimmy Morales en el 2017, en su batalla contra la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), ahora extinta.
«Lo que ha ocurrido, es que los operadores de justicia que han demostrado ser independientes –fiscales, jueces y ahora hasta Magistrados del más alto rango constitucional– hemos enfrentado una multiplicidad de acciones legales espurias. Servidores públicos comprometidos también enfrentamos diversas formas de campañas de desprestigio y ataque orientadas a minar el apoyo público y deslegitimar el respaldo por nuestro trabajo», dice en su columna.
Porras mencionó que ha enfrentado más de 70 demandas, de las cuales, más de 30 continúan abiertas, también ha enfrentado campañas que utilizan información personal para intimidarla desde 2017. «Cuando el Congreso impidió mi juramentación perdí mi inmunidad, por lo que hoy soy más vulnerable ante estos ataques».
«No soy la primera mujer en enfrentar consecuencias por sus esfuerzos de actuar conforme a la ética y contra la corrupción, y como muchas que me antecedieron no voy a tener miedo. Pelearé contra esta decisión porque fui legítimamente electa para el cargo por un tercer período, en reconocimiento de mi sólida trayectoria durante los primeros dos. Busco proteger mi legado contra la corrupción y en defensa de los derechos de los pueblos indígenas, a pesar de la fuerte oposición de grupos poderosos», puntualizó.
En su columna dejó claro que si no se respeta la autoridad de la Corte de Constitucionalidad, «existe un riesgo real de un deterioro autoritario en el país, que amenaza la democracia y los derechos de mis conciudadanos. El resultado final de este pulso político, que está ya fuera del territorio de la mera legalidad, afectará los prospectos económicos, de seguridad y desarrollo de toda una generación».
