Una de las grandes novelas sobre los tiranos latinoamericanos, saga iniciada por el maravilloso “Señor Presidente” de Miguel Ángel Asturias (sin olvidar por supuesto a “Tirano Banderas”), es “El recurso del método” (1974), de otra figura señera de la literatura latinoamericana, Alejo Carpentier. Sobre el título de la obra, el autor afirmó que el personaje central de su novela, un dictador imaginario, “recurría siempre a un método que consiste en no tener ninguno”.
Lo anterior es válido con relación a muchos ámbitos de actuación del gobierno de Giammattei, pero en ninguno es más evidente que en la forma como aborda la conflictividad social. Aquí evidencia total ignorancia e incomprensión sobre sus causas, despreciando las motivaciones de las partes implicadas. Los simplifica groseramente, convencido de que los garrotazos son la única forma de resolverlos, y actúa de manera precipitada e imprudente.
En abril de 2020, sintiéndose un Júpiter Tonante, dijo “Seriamente advierto a esos dos municipios que no me voy a tocar el pulso para declarar estado de sitio y la suspensión total de garantías. O paran o voy a llegar a pararlo. Ya basta, tenemos suficientes problemas en este país para que sigan peleando estúpidamente por un pedazo de tierra que no les pertenece” (Publinews, 7/4/2020).
En El Estor, ante el conflicto con una empresa minera, la ocupación militar y policial del municipio logró acallar la inconformidad, pero eso no significa que esta no vuelva a manifestarse, pues solamente se trataron los síntomas. La disuasión por la fuerza no resuelve un problema. Solamente lo dilata.
El conflicto entre Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán, como es de todos sabido, obedece a la indefinición de los límites entre ambos municipios. A lo largo del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX muchos municipios fueron desmembrados para crear nuevos, sin que se hicieran los amojonamientos precisos y con el acuerdo de las partes. La arbitrariedad, especialmente ante la población campesina, era el método habitual de las actuaciones gubernamentales. La disputa entre Tajumulco e Ixchiguán, que se reavivó el 6 de enero, es otro ejemplo.
El ataque sufrido el 2 de enero por la PNC y el subsiguiente retiro de policía y ejército de la cabecera municipal de Nahualá es la mejor prueba del fracaso del uso de la fuerza y de los estados de excepción, previstos en una anacrónica Ley de Orden Público, para resolver estos problemas. La mayor muestra de torpeza, echando leña al fuego, fue la operación de capturas y requisas ordenada por el Ministerio Público. La identificación de los responsables de la masacre del 17 de diciembre debe buscarse por otros medios. Dentro del proceso de diálogo, que es la única manera de resolverlo, y con una fina labor de investigación. No en balde se le llama inteligencia.
Y mientras tanto aparecen las teorías conspirativas. Ante el armamento utilizado por grupos de ambos municipios, se concluye que detrás está la mano del crimen organizado, del narcotráfico. Un amigo, ex alcalde de uno de los municipios, me decía que líderes comunitarios de uno y otro lado impusieron contribuciones forzosas a los vecinos, cayendo en una carrera armamentista, pues ante la aparición de un determinado tipo de arma, la otra parte buscaba igualar o superar el poder de fuego. En fin, que ante el sonoro fracaso del estado de sitio y del diálogo conducido por los ministros de Gobernación y Defensa, lo menos que hubiera sucedido en cualquier país democrático, es la presentación de la renuncia de dichos funcionarios. El gobierno debe buscar la forma de establecer un genuino, fundamentado y confiable proceso de diálogo. Experiencias como las de CEAR, INTRAPAZ y la Mesa de Resolución de Conflictos de Tierra de Alta Verapaz, en los años de los Acuerdos de Paz, son referencias valiosas.
