El Foro de Organizaciones Sociales Especializadas en Temas de Seguridad (FOSS), señaló en un comunicado que en el primer año de Gobierno del presidente Alejandro Giammattei, se ha provocado un retroceso en la consolidación de la paz y la democracia.
Según el FOSS con Giammattei están de regreso “los discursos, propuestas, acciones autoritarias y regresivas. Estos han desembocado en violaciones a los derechos humanos, tales como libertad de prensa, criminalización de defensores de derechos humanos, uso desproporcionado de la fuerza policial y la represión al derecho de manifestación, así como a la libertad de expresión”.
Asimismo, señalan que el cierre de una parte de la institucionalidad de la Paz: como la Secretaría de la Paz, la Secretaría de Asuntos Agrarios y la Comisión Presidencial de los Derechos Humanos y las amenazas para el cierre de la SAAS y la SEPREM, “demuestra la falta de voluntad política en la implementación de los Acuerdos de Paz, provocando un retroceso en la consolidación de la paz y la democracia”.
El FOSS manifestó que en el primer año de Gobierno se hizo un uso excesivo de los Estados de Excepción, que demuestra la carencia de planificación gubernamental para el cumplimiento de la atención adecuada a la agenda de riesgos y amenazas, “lo cual debilita la seguridad democrática y consolida un modelo autoritario, que lejos de brindar resultados, profundiza la crisis de seguridad en la que vive Guatemala”.
En el año 2020 se decretaron diez Estados de Excepción además del Estado de Calamidad relacionados con la pandemia COVID19, lo que se continúa haciendo en 2021, ahora para perseguir migrantes, violando las leyes nacionales y los compromisos internacionales que Guatemala ha suscrito.
Además, el debilitamiento de la función policial, especialmente las fuerzas especiales y otras unidades de la Policía Nacional Civil (PNC) que reprimieron a personas manifestantes durante el mes de noviembre 2020. “Se instrumentalizó a la PNC, que incurrió en presuntos delitos, como incumplimiento de deberes, abuso de autoridad, desobediencia, torturas, coacciones, con responsabilidad del actual ministro de Gobernación, Gendri Reyes, a quien la sociedad y parte del Congreso exige su destitución inmediata”.
Según el FOSS, “la seguridad pública requiere de estrategia, profesionalidad, planificación y estabilidad de mandos, sin embargo, durante el primer año de gobierno tres Ministros de Gobernación fueron nombrados, así como dos directores de la PNC, lo que demostró falta de plan y equipo profesional en el gobierno”.
Señalaron que la reducción de las tasas de violencia homicida en 2020, no fue producto de planes de seguridad, sino que está vinculada a la falta de movilidad, como consecuencia de las restricciones por la pandemia, y a una tendencia a la baja que lleva ya once años, a pesar de avances y retrocesos en las políticas públicas. “Por otro lado, el año pasado se incrementó la violencia intrafamiliar y la violencia sexual contra mujeres y niñas de manera alarmante”.
Por último refieren que “para avanzar en el proceso democrático, se debe retomar la agenda de la paz, el fortalecimiento del poder civil, el respeto a la independencia de poderes, el cumplimiento del Estado Constitucional de Derecho, el respeto de los derechos humanos y la observancia de las obligaciones internacionales”.
El balance del primer año de gobierno es negativo y no representó avances para el modelo de seguridad democrática, la paz y el bien común, es necesario fortalecer los mecanismos ciudadanos de participación, fiscalización y auditoria social, para evitar los intentos regresivos del gobierno y avanzar en la construcción de la verdadera cultura de paz, seguridad y justicia para todos y todas manifestó el FOSS
