En el marco del Acuerdo entre la Organización de las Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala relativo al establecimiento de una Comisión Internacional contra la impunidad, el 27 de febrero del año 2008 se suscribió un Convenio de Cooperación bilateral entre el Ministerio Público y CICIG, por Juan Luis Florido Fiscal General de la República y Jefe del Ministerio Público y Carlos Castresana Fernández, comisionado de CICIG. El Convenio en cuestión fijó la obligación del Ministerio Público de crear una fiscalía especializada para dirigir la investigación penal y ejercer la persecución penal en los casos en que podía participar la Comisión Internacional contra la impunidad. Se reguló asimismo que su personal debía reunir requisitos de aptitud y confianza para trabajar de manera coordinada en las investigaciones y que CICIG daría acompañamiento y asesoramiento técnico a ese personal.
En ese contexto hace doce años surge la fiscalía especializada para luchar contra la impunidad en el país, hoy es la Fiscalía de Sección FECI. Quiere decir que el esfuerzo nacional e internacional, los recursos nacionales y de los países amigos Estados Unidos, Unión Europea y América del Sur, entre otros, está instalado en la FECI. Varios Fiscales generales del Ministerio Público apostaron por la institucionalidad y creyeron en FECI, iniciando Juan Luis Florido, luego Amílcar Velásquez Sárate, algunos fiscales generales que estuvieron en el cargo pocos meses y Claudia Paz para dejarle al Ministerio Público y al país un legado para fortalecer el Estado de Derecho. Iván Velásquez y yo con nuestros equipos nacionales e internacionales, duplicamos esfuerzos en su fortalecimiento la dejamos preparada para trabajar con propiedad, para tener la fortaleza necesaria y resistir los ataques de la criminalidad organizada que incluyen campañas de desprestigio y criminalización, sabíamos de su alto nivel profesional, sabíamos que Juan Francisco Sandoval se convertiría en uno de los mejores fiscales en la historia del país, pero nunca pensamos que la propia Fiscal General dirigiría ese ataque.
Cada uno de los trabajadores de FECI fiscales y su personal han demostrado que hay equipo, que hay capacidad instalada y que hay voluntad para luchar, aun en soledad, contra la mafia que sigue incrustada en diversos entes del Estado. Hay que reconocer que a pesar de la salida temprana de CICIG, temprana porque está visto que ese mecanismo internacional apenas estaba empezando a ganarle el pulso a los CIACS, aunado al contra ataque de la mafia para generar impunidad, esta fiscalía se ha convertido en la carta de presentación de Guatemala en el concierto de las naciones, como una muestra de dignidad nacional.
Algunos decían en Guatemala cuando se vaya la CICIG no podremos solos. Nos toca ahora demostrar que sí podemos solos luchar contra la criminalidad organizada y contra la corrupción y que como pueblo sí somos capaces de luchar por nuestros derechos, porque la justicia nos acerca a la democracia. Esto equivale a darle todo el apoyo y acompañamiento a la Fiscalía Especial contra la impunidad -FECI-, a su personal, a sus fiscales y a su jefe Juan Francisco Sandoval. Dos fiscales Andrei González y Luis Omar Mejía, formados en esa fiscalía están en el exilio en Estados Unidos pagando el precio de su trabajo por la prevalencia de la ley. La indiferencia de la sociedad mostrada a esos dos fiscales ante su asilo no debería repetirse, porque Guatemala debe comprender que las conquistas históricas para avanzar hacia la democracia hay que alcanzarlas luchando y que la indiferencia nos hace cómplices de la mafia.
Oportuna la recomendación del Subsecretario de Estado para asuntos del Hemisferio Occidental Michael G. Kozak, diplomático de los Estados Unidos, a la que se unió el Representante Eliot Engel, Presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, a la fiscal general Consuelo Porras a quien le dijo que debe perseguir las denuncias legítimas de corrupción y que procese a los corruptos no a los fiscales de FECI. Sin duda ese mensaje aplica también para algunos funcionarios del sistema de Justicia que han demostrado con sus actuaciones que no están del lado de la ley.
