La restauración de la República como lo mencionó el presidente del Congreso, Allan Rodríguez, significa realmente la restauración de la impunidad y la corrupción. Pues con la no juramentación de la Magistrada Gloria Porras queda claro que lo que menos se quiere en Guatemala es un sistema de contrapesos y seguir premiando a quienes se enriquecen con los recursos del Estado.
Los magistrados Gloria Porras, Francisco de Mata Vela y el fallecido Bonerge Mejía fueron quienes le hicieron ese contrapeso al poder y lograron que prevaleciera la democracia, ante los atropellos a la Constitución y la desobediencia del propio Presidente, Ministros y Diputados, que se oponían a cumplir con la ley como debe ser.
Eso trajo consigo una persecución contra los tres Magistrados que mantenían medianamente la independencia que un Magistrado de la alta Corte debe tener. Con esa persecución, el fallecimiento del Magistrado Mejía y las componendas de la Magistrada Dina Ochoa desde adentro de la Corte de Constitucionalidad (CC) empezó la batalla sobre la integración de la Corte, y como resultado de esa presión, el Colegio de Abogados, fiel a los principios corruptos con los que se rigen, eligieron a Mynor Moto, hoy con orden de captura internacional.
Posteriormente se vino el proceso de selección de la VIII Magistratura, y fue ahí en donde las fuerzas oscuras con poder económico, militar y político lograron que el Congreso no juramentara a la Magistrada Porras y con ello ponerla en peligro ante cientos de personas que buscan venganza por las resoluciones que dicho sea de paso fueron colegiadas, pero que solo se persigue a Porras.
Tal y como sucedió con la exfiscal Thelma Aldana, ahora sucede con la Magistrada Porras. A Aldana después de tanto que dio a los guatemaltecos, esas fuerzas del mal lograron que saliera del país por una persecución penal absurda que solo una persona como la Fiscal General, Consuelo Porras, se traga el cuento que no es espuria.
Eso la llevó al exilio en Estados Unidos, ahora sucede con Porras, que desde ayer se encuentra en Washington, esperemos que no se desencadene en un exilio más de una operadora de justicia.
Otro exfiscal que tuvo que salir del país fue Andrei González exinvestigador de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), quien denunció a la Fiscal General, Consuelo Porras, por tres delitos al señalarla de obstruir el caso de financiamiento a la UNE que implicaba a Sandra Torres.
Esto son nada más tres ejemplos de lo que la impunidad ha hecho con quienes de alguna manera querían una Guatemala diferente. El país no necesita seguir expulsando a los mejores hombres y mujeres que nos quedan, desde esta tribuna hacemos un llamado al pueblo de Guatemala a no seguir siendo espectadores sino más bien protagonistas para no permitir el avance del Pacto de Corruptos.
