Exdiplomáticos: Gobierno se ha precipitado hacia una crisis de gobernabilidad democrática

Foto: Epicentro

En un comunicado varios excancilleres y exembajadores se pronunciaron sobre la crisis por la que atraviesa Guatemala y manifestaron algunas recomendaciones para “enderezar el rumbo”.

Los exdiplomáticos señalaron que “la crisis crónica del Estado de Guatemala se transformó en 2020 en una crisis aguda y sistémica. A la progresiva pérdida de capacidades para la prestación de servicios básicos (salud, educación, micronutrientes, infraestructura y seguridad), que ha sido más evidente durante la emergencia del Covid-19 y tras el impacto de las tormentas Eta e lota”.

Asimismo indicaron que la desnaturalización del sistema de partidos políticos como intermediarios de la sociedad; la fragmentación de las instituciones y su descomposición, así como la instauración de una «gobernabilidad alternativa» en territorios cada vez más extensos (esto es, el socavamiento de la soberanía del Estado), se ha sumado este año la alteración del ordenamiento jurídico de la República.

“Todos los poderes del Estado tienen serios problemas para el cumplimiento de sus responsabilidades constitucionales con la ciudadanía, y no alcanzan a proyectar una imagen creíble, sólida y verificable del correcto uso de los recursos públicos ante la población” manifestaron en el comunicado.

Este deterioro institucional va bastante más allá de un hecho aislado, un incidente o el desempeño especifico de un sector o institución en particular (algunos sectores han querido responsabilizar de todo a la Corte de Constitucionalidad). Se trata de un proceso de deterioro como no se había vivido desde el conflicto armado interno, que deviene en serios problemas de transparencia y legitimidad a la vez que se incrementan los riesgos de inestabilidad, ingobernabilidad e inseguridad ciudadana.

“La desobediencia por parte del Congreso de la República de las resoluciones del tribunal constitucional de mayor rango, la instrumentalización de la Corte Suprema de Justicia y la demora de más de un año en elegir miembros de las altas Cortes del Organismo Judicial (como lo establece la ley), no tienen precedentes en el periodo democrático; además, la reiterada voluntad de los tres poderes del Estado de anular el sistema de pesos y contrapesos y capturar instituciones autónomas, representan una grave amenaza para la democracia” señalaron los exdiplomáticos.

Además agregan que la respuesta represiva y descalificadora del régimen político a la legitima protesta social, liderada por las juventudes universitarias y las autoridades indígenas ancestrales, “están debilitando riesgosamente otro pilar del Estado de Derecho, que es el ejercicio de las libertades civiles y políticas garantizadas por la Constitución Política de la República y convenios internacionales sobre Derechos Humanos. Las acciones de las fuerzas policiacas deberían ser investigadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tal y como lo han pedido numerosas organizaciones de la sociedad civil”.

Los exdiplomáticos señalaron que “precozmente el régimen político instaurado el 14 de enero de 2020 se ha precipitado hacia una crisis de gobernabilidad democrática, que empezó como un problema de confianza y se ha convertido en crisis de legitimidad, con el inminente riesgo de escalar a un escenario de confrontación irreductible en el que el régimen pierde autoridad y deja de representar un elemento central del orden político. De una crisis de institucionalidad y de gobernabilidad estamos pasando peligrosamente a una crisis de Estado”.

Por lo que propusieron para salir de la crisis; atender aspectos urgentes de corto plazo para comenzar a enderezar el rumbo, como por ejemplo re-encauzar el Presupuesto del Estado 2021, concertar una agenda de recuperación económica que atiende eficazmente a los grupos más golpeados de la población, e invitar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Incorporar políticas de mediano plazo, que reduzcan eficazmente la inseguridad alimentaria y la desnutrición crónica infantil; que, por otro lado, alienten las inversiones productivas para mejorar las condiciones de vida de la población más desfavorecida, y acometer las leyes más importantes, como la ley Electoral y de Partidos Políticos, de Servicio Civil y de Contrataciones, que han sido incomprensiblemente postergadas.

Atender temas estructurales para la transformación del país como la reforma constitucional del sistema de administración de justicia.

Además manifestaron que para atender esta crisis en curso no se requería invocar la Carta Democrática de la OEA, pero si acordar mecanismos idóneos que permitan procesarla para facilitar una salida democrática, pacifica, ordenada e institucional, y probablemente, como ha ocurrido desde la década de 1980, con la facilitación de países amigos.