En una publicación que estoy preparando presentaré una postura y análisis sobre como el sector político partidario, más allegado a la derecha, utiliza como único recurso argumentativo electoral el del castigo traducido en mano dura y, la prisión, como forma institucionalizada de vender y ofrecer soluciones a la inseguridad. Han sido de tan rotundo fracaso sus políticas que hasta llegan a depender de la seguridad privada que aumenta cada día. En ese que hacer de políticas, el Foro de Organizaciones Sociales Especializadas en Seguridad -FOSS- ha detectado que desde la firma de los Acuerdos de Paz para la fecha, es decir, en 24 años de este proceso golpeado y en franco retroceso por decisiones político institucionales, se han decretado, contando el último emitido el día 01 de octubre del presente año, un total de 60 Estados de Excepción, es decir, todos los Gobiernos desde la Firma de Paz han emitido más de alguno de estos estados de limitación de derechos fundamentales.
Según la página web de FUNDESA que cita al The Economist Intelligence Unit, el índice de Democracia esta compuesto por diversas áreas y, entre ellas, el funcionamiento del gobierno, la cultura política y las libertades civiles. Citó la página de esta fundación «Las Democracias plenas son países en los que no solo se encuentran las libertades políticas básicas y las libertades civiles respetadas, sino que también tienden a estar respaldados por una cultura política propicia para el florecimiento de la democracia. El funcionamiento del gobierno es satisfactorio, los medios son independientes y diversos. Existe un sistema eficaz de controles y equilibrios; el poder judicial es independiente y las decisiones judiciales son cumplidas a cabalidad.»[1]
Sí tomamos esto como parámetro, podemos decir que estamos en una semi democracia, puesto que las libertades políticas y civiles están siendo restringidas permanentemente, mediante mecanismos subterráneos, uso de net center como nueva forma de censura y estigma; y medios llamados formales como los estados de excepción. Además, de que el propio gobierno ejecutivo y poderes paralelos como el económico tratan de influenciar en el poder judicial vulnerando su independencia y presentando la desobediencias de las decisiones judiciales.
Es interesante como de la evaluación presentada por FUNDESA la democracia de Guatemala esta en el mismo rango que la de Bolivia, Nicaragua y Venezuela, esto teniendo en consideración que los tres últimos gobiernos de Guatemala sostienen un discurso contra la libre autodeterminación del pueblo venezolano y han apoyado el golpe de Estado en Bolivia fraguado y llevado a cabo entre 2019 y 2020.
Ahora bien, de acuerdo con Carlos Mendoza de la Asociación Civil Diálogos, que cita el estudio Kleinfeld 2018, ante la pregunta ¿qué provoca que las democracias se tornen violentas? Presenta como respuesta 8 factores y de estos rescató 3: a) los políticos proveen de impunidad a grupos violentos a cambio de su ayuda para permanecer en el poder; b) los políticos ganan el apoyo de líderes empresariales permitiéndoles utilizar la violencia privada para su autodefensa y para reprimir activistas incómodos y líderes sindicales; y c) la clase media contrata servicios privados de seguridad y vive en colonias cerradas, finalmente votan a favor de medidas represivas que resultan contraproducentes, incrementándose así la violencia proveniente del Estado y fortaleciéndose a los grupos criminales.
Finalmente, encontramos que el mismo FOSS presenta que todas las detenciones y allanamientos que realizan las autoridades durante los Estados e Excepción generan detenciones no ligadas al por qué de estos estados, si no, responden a una lógica de tener participación militar para detener líderes indígenas o comunitarios, de tal cuenta que en dicho informe se rescata como al detener a una autoridad ancestral se argumenta «objetivo de alto valor» detenido.
Tomando lo dicho, me atrevo a plantear algunas hipótesis:
- El poder económico respalda los estados de excepción por fuera de lo que ellos entienden como derechos civiles y políticos, puesto que dentro del pensamiento liberal que les antecede prepondera la propiedad privada de territorios despojados históricamente a los pueblos, fincando intereses de explotación de bienes naturales sin respetar procesos de consulta y participación.
- La clase media, particularmente urbana, valida los estados de excepción por una cultura de símbolos y valores de orden autoritario a los que ha sido sometida, estos manejados a partir del miedo y soluciones de mando dura.
- Los ataques a defensores de derechos humanos, de territorio, de pueblos indígenas y cualquier postura por fuera del poder culturalmente aceptado, esta garantizado en impunidad por los actores estatales que, utilizan los estados de excepción, para generar mecanismos de intimidación.
Será interesante tener un análisis económico financiero de lo que implica un estado de excepción, no solo en términos formales, si no, en términos de agujeros sin fin que no explican a dónde va a parar el dinero que se aprueba. Mientras tanto en lugar de vivir en democracia seguimos viviendo en la excepción de quienes tienen un menú, una carta, de donde seleccionan los mismos.
[1] https://www.fundesa.org.gt/indices-y-evaluaciones-de-pais/indices-internacionales/indice-de-democracia
