-24 AÑOS DE LA FIRMA DE LA PAZ-
En el estudio del derecho y la guerra, es importante leer al profesor Norberto Bobbio, pero también, es importante identificar las cuatro tradiciones que rodean ese estudio, siendo: a) el derecho a la guerra; b) el derecho contra la guerra; c) el derecho en la guerra; y d) el derecho después de la guerra. La idea en todas estas es que el derecho sujete las posibilidades de la existencia de un conflicto armado, ya sea evitando mediante distintas formas políticas y sociales, así como atendiendo sus consecuencias y efectos después de que ha sucedido.
Estos términos son perfectamente aplicables en casos de conflictos armados no internacionales o internos como el que vivimos durante treinta y seis años en Guatemala. Durante el mismo existieron algunos puntos claves relacionados con la justicia y el derecho, los cuales, hoy en día constituyen retos a enfrentar día a día para un sistema de justicia independiente y la consolidación de un Estado Constitucional de Derecho.
Es importante entonces recordar y observar como era el sistema de justicia durante el conflicto y darnos cuenta de que aún enfrentamos liberarlo de esa época.
El informe de la Comisión de Esclarecimiento Histórico ilustra: «…durante los años del enfrentamiento armado…se instauró de hecho un sistema punitivo ilegal y subterráneo…utilizado como principal forma de control social por parte del Estado a lo largo del enfrentamiento armado interno, complementado por la colaboración directa o indirecta de sectores económicos y político dominantes»
Hoy en día, la persecución de personas defensoras de derechos humanos, periodistas, jueces independientes y el etiquetamiento hacia esas personas por ciertos grupos, incluyendo políticos sigue presente, particularmente a partir de los esfuerzos colectivos por desarticular ese sistema de control. El gobierno de Jimmy Morales y de Giammatei son los más ejemplificantes.
En otro punto: «El sistema judicial del país, por su ineficacia provocada o deliberada, no garantizó el cumplimiento de la ley, tolerando y hasta propiciando la violencia. Por omisión o acción, el poder judicial contribuyó al agravamiento de los conflictos sociales en distintos momentos de la historia de Guatemala. La impunidad caló hasta el punto de apoderarse de la estructura misma del Estado, y se convirtió tanto en un medio como en un fin. Como medio, cobijó y protegió las actuaciones represivas del Estado, así como las de particulares afines a sus propósitos, mientras que, como fin, fue consecuencia de los métodos aplicados para reprimir y eliminar a los adversarios políticos y sociales.»
Sigue vigente un sistema judicial no independiente, acompañado de sectores de abogados que transan poder político y estatus económico, por lo cual toleran y propician violencia en el país, la justifican. Promueven, estos, con el acompañamiento de ciertos sectores, la construcción de estructuras de impunidad a favor de mercaderes dentro del Estado. Por suerte, existe otro sector de personas abogadas que ejercen judicatura que garantizan un modelo de mínima intervención estatal, pero esto, se encuentra en grave riesgo.
Asimismo, el sistema de justicia hoy en día enfrenta el reto de garantizar dos derechos fundamentales en un sociedad post conflicto: a) el derecho a la organización social; y b) la libertad de expresión.
Léase de nuevo, al respecto de ambos temas, su situación durante el conflicto: «…a lo largo del enfrentamiento armado las organizaciones sociales fueron objetivo primordial de las acciones represivas del Estado…fueron eliminados centenares de líderes y miembros de base adscritos a las más diversas agrupaciones…»
Hoy en día, a diario, mueren defensores de territorio por su pertenencia a ciertas agrupaciones sociales locales que promueven la defensa de sus derechos y su cosmovisión. Asimismo, el poder ejecutivo y legislativo promueven legislación encaminada a controlar todas las formas de organización social y colectiva, desde asociaciones de vecinos hasta fundaciones privadas.
Respecto de la libertad de expresión: «La libertad de expresión va íntimamente vinculada al libre ejercicio de los derechos cívicos. Al cerrarse los espacios de participación social y política, implícitamente se cerraron los espacios para la libertad de expresión…el simple hecho de pensar críticamente se constituyó en Guatemala un acto peligroso, y escribir sobre ideas, hechos o acontecimientos de la vida política y social del país significó correr el riesgo de la amenaza, la tortura, la desaparición y la muerte. La opinión de los ciudadanos, escritores, artistas, poetas, políticos y periodistas estuvo sujeta a los riesgos de la represión y la polarización ideológica…»
Varios periodistas han sido etiquetados ideológicamente por sus notas contrarias a lo que el poder considera apropiado, son estigmatizados y señalados de entrometidos. Asimismo, ciudadanos, estudiantes universitarios, personas de pueblos indígenas y académicos, son etiquetados ideológicamente y amenazados por sectores de apoyo al poder o bien por adeptos a los partidos políticos en el poder. Lo más preocupante es la utilización de la Policía Nacional Civil para la represión de manifestaciones y la detención arbitraria de personas manifestantes u opositores a ciertas medidas políticas.
La Justicia en el Postconflicto (después de la guerra) parece que no es aun la que estamos buscando, no ha internalizado la posibilidad de ser independiente y garante absoluta de los derechos humanos. Gran culpa lo tiene el sector que se dice académico y que se ha montado alrededor de estas estructuras, pues enseñan leyes vigentes en la guerra y las justifican, sin critica ni profunda idea democrática de una transformación para la paz firme y duradera.
