“La reforma electoral busca producir cambios que mejoren la calidad de la política en el país. En primer lugar, que se impida el dinero sucio en las campañas electorales” (Gerardo Tavara).
Existe en Guatemala una tendencia marcada de las autoridades y funcionarios públicos de encontrar los momentos en los que la sociedad se encuentra distraída con algún problema o evento, para avanzar en proyectos políticos que lejos de representar un avance para la sociedad, significan retrocesos importantes en asuntos de interés colectivo: sucedió, por ejemplo, en agosto del 2017, cuando un domingo en la madrugada, el entonces presidente Morales emite un comunicado, expulsando al que fungía como Comisionado de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG); sucedió nuevamente a finales del año pasado, cuando los aliados del actual gobierno, decidieron aprobar de forma repentina, un proyecto de presupuesto nacional que era ampliamente cuestionado; ahora, aprovechando que en los últimos días, las energías ciudadanas se han concentrado en el problema de inseguridad y violencia que aqueja a adolescentes, mujeres y niños, existe un proceso acelerado que pretende aprobar reformas electorales que marquen un claro retroceso con respecto a los avances parciales que se lograron con la reforma del 2016.
En concreto, la amenaza regresiva pende sobre dos aspectos medulares: reducir la regulación y control que se alcanzó en el proceso electoral 2019 sobre el financiamiento electoral a los partidos políticos, y la eliminación de prohibiciones referentes al transfuguismo parlamentario, entre otros cambios perversos que se pretende aprobar de forma apresurada.
El tema del financiamiento electoral fue uno de los principales avances de la reforma 2016, debido a la importancia capital que el tema adquiere para cualquier sistema político que pretenda ser democrático: la experiencia de Guatemala ha demostrado que cuando no existen adecuados controles al financiamiento electoral, los efectos son devastadores: se alientan las redes de corrupción y de compadrazgo político que se dedican a la extracción de recursos y al saqueo de los bienes públicos, tal como quedó demostrado en el gobierno de Otto Pérez Molina.
En el tema del transfuguismo, lo que está en juego es la poca transparencia de los representantes del pueblo: la experiencia demostró que, aunque los diputados fueran elegidos por un partido político, en la práctica, terminaban ejerciendo su potestad legislativa desde otras tribunas políticas, gracias a que se cambiaban de partido, una vez llegaban al hemiciclo parlamentario. Este fenómeno político, por lo tanto, altera la representatividad que emerge del proceso electoral, ya que opciones que no han sido votadas por la ciudadanía, pueden adquirir poder dentro del Congreso, gracias a las maniobras y negociaciones políticas que se desarrollan en el transcurso del periodo legislativo. Por ejemplo, tanto el gobierno de Jimmy Morales, como el de Alejandro Giammattei, obtuvieron una bancada relativamente pequeña, que posteriormente fue ampliada gracias a que aceptaron diputados de otros partidos, especialmente de aquellos que se habían quedado sin representación partidaria, debido a que sus respectivos partidos fueran cancelados por el Tribunal Supremo Electoral.
La reforma electoral es una de las reformas políticas mas importantes de la sociedad guatemalteca: de ella depende en gran medida evitar los males cíclicos que hemos padecido como sociedad desde que iniciamos nuestro tránsito a la vida democrática, allá por el año 1985: La mayoría de las deficiencias del sistema político guatemalteco se derivan de una reglas electorales que impiden la rendición de cuentas del ciudadano a sus representantes, que promueven la captura de la institucionalidad del Estado por intereses espurios y sectarios, y que niegan la posibilidad real de que los ciudadanos cuenten verdaderas opciones políticas que sean realmente representativas del interés colectivo: pese a que votamos, en realidad no somos los ciudadanos los que elegimos representantes, sino son las cúpulas partidarias que se comportan en la practica como mafias bien organizadas, territorialmente hablando.
La única esperanza de que encontremos una ruta para transformar Guatemala depende de que tipo de reforma electoral alcancemos: si se consolida el proyecto regresivo que actualmente se está negociando en el Congreso, la posibilidad de alcanzar un mejor futuro será postergada una vez más. El panorama es desalentador: con ese proyecto de reforma, lo más probable es que lleguemos al proceso electoral 2023 con las mismas deficiencias que siempre hemos padecido, lo que nos llevará probablemente a elegir otro Gobierno que lejos de trabajar por el bien del país, se dedicará a desarrollar sus propios y perversos proyectos, tal como ha ocurrido siempre que se instala nuevo ocupante de la silla presidencial.
