“La falta de acceso a las vacunas contra la Covid-19 que ya se están empezando a administrar en varios países del mundo podría convertirse en otro motivo de discriminación e injusticia para millones de personas” (Manos Unidas)
La pandemia por COVID 19 no solo vino a modificar la forma en que se desarrolla la vida cotidiana de millones de personas: también ha profundizado las grandes diferencias que dividen a la humanidad. Por un lado, están quienes tienen todos sus recursos a su favor, para quienes la enfermedad simplemente ha sido una “molestia menor”, que les ha impedido a los más favorecidos económicamente, seguir con su ritmo de vida de lujos y comodidades; por el otro, están la gran mayoría de la población, para quienes la COVID 19 solamente ha agravado las precarias condiciones a las que se enfrentan en su vida cotidiana.
Luego de un año de crisis sanitaria, finalmente ha aparecido en el firmamento la esperanza de una solución mas duradera y estable que el confinamiento social: la aplicación de la vacuna representa para muchos, una defensa adicional que permitirá ir normalizando el ritmo de vida, conforme se expanda la protección que la vacuna desarrollará contra la enfermedad. Sin embargo, la vacunación sigue el mismo patrón de discriminación y violencia simbólica que el capitalismo ya nos tiene acostumbrados: el acceso inequitativo a la vacuna ya es en si mismo, un escándalo de proporciones éticas descomunales.
La primera gran división es entre los países ricos y poderosos, y los países menos afortunados del mundo: la OMS calcula que el 75% del total de vacunas disponibles, se concentran apenas en 10 países del mundo, haciendo el proceso de vacunación un proceso de injusticia ampliado de proporciones nunca vista: «El mundo está al borde de un fracaso moral catastrófico, y el precio de este fracaso se pagará con las vidas y el sustento de los países más pobres», Tedros Adhanom Ghebreyesus
Esta división entre países ricos y países pobres, sin embargo, no ha evitado que hacia dentro de cada país, se haya replicado en menor o mayor medida, la forma en que se le ha dado acceso a la vacunación, dependiendo de la forma en que las autoridades han diseñado el plan para beneficiar a sus ciudadanos. En Guatemala, donde la discriminación y la exclusión son ampliamente reconocidas, la vacunación ha demostrado, una vez más, la ausencia de una noción de solidaridad y de bien común que se exprese en un plan de vacunación equitativo: el primer indicio de injusticia fue la noticia de un alcalde y su más cercano circulo de allegados que fue vacunado de forma anómala; posteriormente, se supo que los estudiantes desde primer año de una Universidad considerada de “elite”, fueron considerados dentro de la primera línea de vacunación, aún cuando sus perfiles no deberían haber calificado para ser objetos de tal privilegio. Por el otro lado, otros profesionales de veras en primera línea han sido relegados a un segundo plano, demostrando esa concepción restringida de la solidaridad que prevalece en las altas esferas del gobierno. Claramente, el estrato socioeconómico, los vínculos con el poder, la pertenencia a círculos familiares de “abolengo”, hace la diferencia, por lo que los beneficios de la vacunación se están distribuyendo de forma desigual.
Paradójicamente, el capitalismo se comporta de forma similar al pasaje bíblico de los talentos, en Mateo 25, versículos 14 al 30, donde literalmente se dice: “Porque al que tiene, le será dado y tendrá más; y al que no tiene, aun lo poco que tiene le será quitado”. La división descomunal entre quienes tienen posibilidades económicas y los que apenas tienen para vivir, está generando muchas injusticias que la sociedad debe intentar resolver: se ha demostrado que la exclusión y la injusticia, son factores de riesgo muy fuertes que pueden generar protestas, conflictividad y violencia desenfrenada, y puede ser el factor que alimenta al crimen organizado.
Las autoridades del gobierno y en particular, los funcionarios del Ministerio de Salud deben reflexionar seriamente sobre la estela de injusticia y desencanto que el proceso de vacunación está generando, de manera que se establezcan criterios más equitativos para el acceso a la protección que brinda la vacuna contra el COVID-19.
