Segunda ronda
A finales de junio, el Procurador de los Derechos Humanos y organizaciones sociales reaccionaron frente a las intenciones de la Comisión Permanente del Congreso de procesar penalmente a tres de los magistrados de la Corte de la Constitucionalidad, presentando una acción de amparo contra la decisión de conformar una comisión pesquisidora que determinara la existencia de indicios para levantar el antejuicio a los togados.
Las leyes guatemaltecas determinan que esas acciones deben de ser conocidas por la Corte de Constitucionalidad, la que decidió otorgar el amparo, por lo tanto, el Congreso debía devolver los expedientes y la comisión pesquisidora quedaba disuelta, es decir no podían continuar con el trámite del antejuicio.
Decisión que fue objeto de juicios de valor que causó confusión y distrajo nuestra atención, quedando relegado el incumplimiento del Congreso a elegir a los mejores profesionales del derecho para ocupar las magistraturas y descartar a quienes comprometieron su imparcialidad e idoneidad. Los cuestionamientos giraron en torno a la participación en la resolución de los tres (de siete) magistrados constitucionales acusados.
Es importante señalar que la legislación guatemalteca, coincidente con los principios de principios de Bangalore sobre la conducta judicial no prohíbe a los magistrados constitucionales de conocer las causas en las que se encuentren involucrados. Esta línea tenue entre la ética y la legalidad ha aparecido en diversas ocasiones, siempre creado polémica; y guste o disguste a muchos el resultado ha sido el mismo, intervienen en el asunto.
La polémica fue aprovechada para justificar la continuidad de las pesquisas desobedeciendo a la máxima autoridad constitucional. Esta actitud es una afrenta descarada a la ley y un acto kamikaze en medio de la desesperación por lograr impunidad. El pleito por los juzgadores a la medida de delincuentes, tendrá consecuencias económicas pues las calificadoras internacionales de riesgo consideraran la transgresión a la orden constitucional de manera negativa y con ello se alejará a posibles inversionistas. Como es lógico, un manto descrédito a la autoridad cubrirá a todos los tribunales de justicia con altas posibilidades de aumentar la aplicación de la justicia por mano propia.
Si queremos alejarnos de ese impacto negativo debemos exigir a las bancadas y partidos políticos opositores hacer todo a su alcance para cambiar el rumbo de esta situación, al Ministerio Público a investigar y perseguir a quienes se atrevan atentar contra la independencia judicial, al Presidente de la República a llamar a la unidad nacional y nosotros los ciudadanos demandar el cumplimiento de nuestros derechos.
Este pleito debe acabar por el bien de nosotros, nuestros hijos y Guatemala, si realmente no queremos caer en el abismo del caos arbitrario judicial que lo que causa es impunidad, regresando a la época prehistórica. El Estado debe de garantizarnos que los magistrados no obedecen al mejor postor, a sus electores o intereses criminales.
Lorena Escobar de Guerrero.
